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México

Eva Cadena acusa a Morena de incurrir en prácticas irregulares

La diputada local por Veracruz, Eva Cadena Sandoval, identificada en unos videos en donde está recibiendo recursos supuestamente a favor de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que fue víctima de una trampa al ser grabada, cuando en realidad, es la diputada Rocío Nahle y el Coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz, Amado Cruz Malpica, quienes manejan los recursos para financiar las actividades de ese partido.

Afirmó que después de los videos tuvo comunicación con Rocío Nahale, y su recomendación fue, que se deslindara inmediatamente del licenciado, muestra, dijo, de que su interés es por seguir encubriendo lo que consideran el bien mayor y sacrificando a cualquiera.

Reiteró que solo existen dos videos, los cuales han sido manipulados y cortados para que parezca que hay varios de ellos, pues algunos de estos, son precisamente en donde va a devolver los recursos.

Detalló que la persona que fue el enlace en la entrega de los recursos y quien se presentó a su oficina, se identificó como Alexis García, quien le dijo que era primo de Cruz Malpica.

En conferencia de prensa realizada esta mañana en un hotel de la Ciudad de México, Eva Cadena, explicó que, si ha dejado pasar tiempo para actuar en su defensa, fue por las amenazas de muerte que afectaron a su familia; pero ahora, se dio cuenta de que la utilizaron como coartada para ocultar irregularidades partidistas, porque el problema de fondo es que todos los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben de organismos electorales y Morena no es la excepción.

En ese sentido, dijo que su partido Morena cuando más lo necesito la dejó sola, violaron su presunción de inocencia y violaron sus derechos políticos, utilizando su caso para «lavarse la cara»

Lamentó que en algún momento haya abrazado la idea de que Morena era un partido diferente, con el que se podría cambiar al país, pero la obsesión de poder le ha llevado a que sus prácticas sean similares a las del resto de los partidos.

Por último, informó que le ha pedido a su abogado que prepare la denuncia que va a presentar, sobre el financiamiento ilegal de las campañas en el Estado de Veracruz.

MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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