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México

Evita un conflicto Vergara-Fuentes en tu negocio

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En todos los negocios existen conflictos y desacuerdos entre los socios, pero estos pueden intensificarse si quienes dirigen la empresa son pareja.

El caso público más reciente es el que enfrentan el empresario Jorge Vergara, accionista mayoritario del grupo Omnilife, y su esposa, Angélica Fuentes, quien desde 2007 y hasta hace unos días fue CEO de la compañía.

“Esta historia se repite en al menos el 50% de las empresas del país que son negocios familiares”, detalló el consultor del Parque Empresarial del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Ignacio González.

El pasado 3 de abril, Vergara anunció la destitución de Fuentes como directora de la empresa e inició una investigación por presunto fraude en su contra. Angélica Fuentes es dueña del 43% de la compañía y tenía bajo su mando la responsabilidad de todo lo que pasaba en el grupo, declaró Vergara en conferencia de prensa.
«Desgraciadamente tengo que admitir que estaba un poquito ciego y no me di cuenta de lo que estaba sucediendo», agregó Vergara.

Ignacio González dijo que «los negocios se ponen en peligro cuando las decisiones de la empresa se confunden con las decisiones familiares o temporales guiadas por los sentimientos”.

Los derechos y obligaciones en una compañía conformada por un matrimonio deben aclararse desde la constitución del matrimonio al incluir acuerdos prenupciales o al firmar el acta constitutiva de la sociedad mercantil.

Los acuerdos prenupciales o capitulaciones del matrimonio se elaboran en el registro civil al momento de pactar el acta de matrimonio y no tienen costo extra para la pareja.

“En ese documento se especifica cómo será la administración de los bienes que tengan en ese momento o que adquieran en el futuro”, dijo la experta en litigio del despacho Soluciones Jurídicas, Adriana Soltero, con base en el artículo 179 del Código Civil del Distrito Federal.

Cuando la idea de formar una empresa ya es una realidad, las especificaciones sobre cómo se operará se darán frente a un notario que elaborará el acta constitutiva.

“El problema de que las empresas no dejen claras las reglas del juego desde el principio de su constitución es que exista un bloqueo en las decisiones por parte de alguno de los dos socios”, explicó el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Héctor Galeano.

Es obligación del notario advertir e informar a los socios de una empresa que debe existir un socio mayoritario o en su defecto un acuerdo que estipule qué pasará en caso de descontento o problemas o qué sucederá con su parte de la empresa cuando uno de ellos no quiera continuar, explicó Galeano.

Pese a los problemas que pueda enfrentar un matrimonio, los dos son socios del negocio y recibirán el 100% de las utilidades que correspondan a su parte proporcional como accionistas de la empresa.

Además, para lograr armonía en la compañía y saber qué decisiones tomar en beneficio del negocio, deberá haber prácticas de gobierno corporativo, un consejo de administración y establecer por escrito y ante notario las reglas de sucesión, recomendó Ignacio González.

“No conozco a ninguna pareja que se case pensando que se va a divorciar o a unos socios que se unan para abrir un negocio pensando que van a enojarse, pero nadie está exento de esta situación. Lo trascendente es que la empresa sobreviva al conflicto y continúe operando”, dijo Galeano.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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