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Exasesor de campaña de Peña, acepta que financió el ataque armado en Venezuela

El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, admitió este miércoles haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, Jordan Goudreau, al que pagó 50 mil dólares, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno.

“Era una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la justicia a miembros del régimen (de Nicolás Maduro) con indictments (acusaciones), orden de captura, etcétera”, reconoció Rendón en una entrevista con la CNN en español en la que sostuvo que Guaidó no firmó el acuerdo y que Goudreau finalmente no recibió “luz verde” para la operación.

J.J. Rendón, como es conocido, aseguró que se trataba “de un acuerdo preliminar que no llego a hacerse efectivo”.

Entre el domingo y el lunes, las autoridades venezolanas interceptaron dos intentos de intervención marítima en los estados de Aragua y La Guaira, cercanos a Caracas, en los que murieron ocho personas y fueron detenidas otras 18.

El Presidente venezolano Nicolás Maduro durante una reunión telemática este lunes, en Caracas, Venezuela, aseguró que la fallida incursión marítima que frustró el domingo su Gobierno tenía como “objetivo central” matarlo a él. Foto: Prensa Miraflores vía EFE

Entre los arrestados se encuentran dos ciudadanos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, ambos exmilitares y que contaban con una identificación de Silvercorp, según las pruebas difundidas por el Gobierno venezolano.

Denman aseguró que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas, para enviar a Maduro a EU, donde es buscado por varios delitos relacionados con el narcotráfico.

En un interrogatorio cuyo video fue difundido por el Presidente venezolano, Denman explicó que su parte del plan, calificado por el Gobierno venezolano como una invasión frustrada, consistía en establecer una “propia seguridad”, comunicarse con las torres del aeropuerto que sirve a Caracas y “hacer entrar los aviones”.

“Uno (de esos aviones) era para tomar a Maduro y llevarlo hasta Estados Unidos”, añadió.

En su entrevista con la CNN en español, J.J. Rendón explicó que hasta el momento solo se han mostrado siete de las ocho páginas del acuerdo firmado, que tenía “42 páginas de anexo”.

En ellas se explicaba “el propósito exploratorio de ese acuerdo que no llegó a ser ejecutado, perfeccionado. Entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo”, abundó el estratega, que ha desarrollado buena parte de su carrera política en Colombia.

Según su versión, tenían “el encargo de analizar todos los escenarios posibles para el cese de la usurpación” que consideran que Maduro hace de la Presidencia venezolana.

Por eso, abordaron el tema con Goudreau pero no “era una cosa pública, no era para estar hablando en medios, se mantiene con discreción”.

Es en ese contexto en el que se produjeron “muchas reuniones que se hicieron en esa época para determinar la factibilidad en todos los aspectos: jurídico, militar, económico, financiero, internacional, diplomático, de una eventual acción de captura de personas con indictments”, apostilló J.J. Rendón.

“El Gobierno legítimo del Presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país, con lo cual se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, de gente de adentro que desconozca (a Maduro) y se pliegue a la Constitución, el uso de eventuales actores que estaban afuera (o) de militares retirados”, comentó.

Y subrayó: “Como bien dijo el Presidente (Guaidó) estamos analizando cosas por encima de la mesa y por debajo de la mesa”.

Sin embargo, aseguró que, pese a la firma del contrato y el pago, posteriormente le notificaron a Goudreau que “se cancelaba” el contrato pero entiende que el contratista asumió “que estaba vigente” y trata de ampararse “en esta operación suicida”.

Fuente: EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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