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Excarcelación de Gutiérrez es un atropello al pueblo de Chihuahua: Corral

El gobernador Javier Corral Jurado señaló que el Estado acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la negación y el entorpecimiento a la aplicación de la justicia en el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, cuya excarcelación calificó como un atropello al Pueblo de Chihuahua.

Además, se acudirá ante el Consejo de la Judicatura Federal para denunciar la violación a los procedimientos en que incurrió el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, para ordenar la liberación de Gutiérrez, violentando una suspensión concedida al estado de Chihuahua.

Tras la excarcelación de Alejandro Gutiérrez la madrugada de este viernes 28 de septiembre, el gobernador Javier Corral Jurado explicó que ya no había de parte del estado posibilidad legal alguna de retenerlo.

Informó que anoche mismo se buscó interponer un amparo directo, una vez que se conoció la resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, sin embargo, no les fue ni siquiera recibido el escrito.

“Hay toda una componenda, estaba claro que desde que la PGR se había desistido de las acusaciones y el juez había decretado el sobreseimiento, esta secuencia de decisiones es algo que obviamente ya preveíamos que iba a suceder, por supuesto que retenerlo de manera ilegal no lo vamos a hacer nunca”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Señaló que el Gobierno del Estado va a continuar, eso sí, con los cauces legales que se tienen abiertos, ya que de hecho, la resolución del juez Fuerte Tapia se produce violando una suspensión que nos ha sido conferida al estado de Chihuahua y que será un procedimiento que se hará valer ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Agregó que también existe otro amparo que fue concedido a Chihuahua, donde pide que se revise el papel de víctima del estado en el caso del desvío de los 250 millones de pesos por el que se acusa a Alejandro Gutiérrez. “Nosotros seguiremos dando la batalla, no vamos a cejar en nuestro esfuerzo y exigencia de justicia para Chihuahua”.

Pero lo más importante, anunció que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia por la negación de la justicia e incluso, por entorpecer el acceso a la justicia por parte de la PGR y del propio presidente de la república Enrique Peña Nieto.

“Lo que estamos viendo es el cierre vergonzoso, cínico, de un gobierno corrupto y corruptor, que se confabuló con los delincuentes, con los corruptos y una componenda entre jueces y ministerios públicos de la PGR, para llevar a cabo procesos simulados, defensas cínicas, como las que hemos visto”, indicó.

Añadió que no es casual la triada de impunidad con que cierra Peña Nieto: Elba Ester, Javier Duarte, Alejandro Gutiérrez…, es clarísimo que lo que hay es todo un intento de limpiarse lo más que se pueda de problemas o de personas que los puedan involucrar.

Este, dijo, “es un tema que constituye un atropello al Pueblo de Chihuahua, es un revés a la justicia de nuestro estado, a una operación de trabajo minucioso de agentes del ministerio público, analistas, peritos, policías investigadores, que documentaron uno de los casos más vergonzosos de desvío de recursos públicos hacía el PRI a través de empresas fantasmas”.

Al respecto, reveló que por cierto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está desapareciendo del sistema a las empresas fantasmas que han utilizado, como es el caso de la empresa Efos, señalada en el reporte de Mexicanos contra la Corrupción, “ya no la van a encontrar porque están tratando de limpiar antes de irse, de salvar lo más que se pueda, de la justicia que les pueda alcanzar”.

Advirtió sin embargo que tiene la absoluta certeza de que “haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto, para proteger a Gutiérrez y a César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune. Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él, y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”.

Incluso dijo que en el caso de las 16 órdenes de aprehensión con fines de extradición de César Duarte, siguen detenidas las 5 más importantes, porque “la maniobra es clarísima, la protección a César Duarte tiene que ver con el propio pellejo de Peña Nieto. Ni más, ni menos, es lo que está detrás de todo esto”, concluyó.

México

Aprueban nueva Ley de la Guardia Nacional: será fuerza permanente bajo control de la Sedena

Ciudad de México.– Con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Congreso aprobó este martes una nueva Ley de la Guardia Nacional que consolida el carácter permanente, militar y federal de esta fuerza de seguridad pública. El dictamen fue avalado en lo general con 349 votos a favor y 132 en contra, y en lo particular con 351 a favor y 124 en contra. La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y será enviada al Senado para su revisión constitucional.

La nueva ley abroga el ordenamiento vigente desde mayo de 2019 y se alinea con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024. Establece que la Guardia Nacional dependerá orgánicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque su función principal seguirá siendo la seguridad pública, en coordinación con autoridades estatales y municipales, de acuerdo con los convenios que se celebren.

La legislación, compuesta por 96 artículos distribuidos en siete títulos, modifica además diversas normas del marco legal castrense, incluyendo las leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, de Educación Militar, de Ascensos y Recompensas, de Disciplina, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, y los códigos de Justicia Militar y de Procedimientos Penales.

El texto establece que la Guardia Nacional podrá contar con personal militar, de la Fuerza Aérea y con elementos civiles de confianza, y que el titular de la Defensa será el responsable directo de su organización, equipamiento, formación, administración y desarrollo. El mando operativo estará a cargo de un comandante con el grado de General de División, nombrado directamente por la Presidencia de la República.

Entre sus principales funciones se encuentra la prevención del delito, el restablecimiento del orden y la paz social, la recolección de información en espacios públicos, así como tareas de inteligencia e investigación en el ámbito de la seguridad pública. Sin embargo, el texto advierte que “los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio”, en un intento por blindar la operación frente a posibles abusos.

La nueva legislación subraya que la actuación de la Guardia Nacional deberá regirse por el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto los consagrados en la Constitución como en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

Aunque el dictamen fue respaldado ampliamente por la mayoría oficialista, legisladores de oposición criticaron que la reforma representa una “militarización permanente” de la seguridad pública y advirtieron riesgos de concentración de poder en las Fuerzas Armadas. No obstante, el bloque mayoritario defendió que la medida responde a la necesidad de dotar al país de una fuerza eficaz, disciplinada y con mando unificado para hacer frente a los niveles de violencia e inseguridad.

Con esta decisión, la Guardia Nacional da un paso definitivo hacia su consolidación como una fuerza militarizada, bajo control operativo y administrativo de la Sedena, cerrando el modelo híbrido civil-militar que fue originalmente planteado en su creación en 2019.

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