Antonio Enrique Tarín García, ex colaborador del mandatario de Chihuahua, César Duarte, perdió un amparo contra la Fiscalía General estatal a quien acusó de no citarlo a comparecer en la carpeta de investigación en la que fue mencionado por un testigo protegido.
En el juicio de amparo que promovió, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México dictó el sobreseimiento y ordenó archivar el asunto referente a una carpeta de investigación por tráfico de influencias.

La pretensión de Tarín García era que el juez de amparo obligara a la Fiscalía local que le permitiera conocer el contenido de las declaraciones sobre su actuar como director de Adquisiciones en el gobierno de Duarte.
En el expediente 522/2017, el juez de amparo concedió la suspensión al ex funcionario para que en caso de que la Fiscalía lo señalara como probable responsable en la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal número 1841/2017, se abstuviera de determinar la misma.
En la causa penal, el juez de control vinculó a proceso por tráfico de influencias en agravio del erario estatal al ex diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes y al empresario Iván Sánchez Jasso.

En el caso, un ex funcionario de la Secretaría de Hacienda estatal, en su carácter de testigo protegido, indicó que Tarín García autorizó el pago de 2.4 millones de pesos a Bildung Consultoría Internacional y que por orden del ex gobernador César Duarte, el pago se dividió en 5 cheques expedidos entre el 23 de agosto y el 30 de septiembre de 2016.
De acuerdo con el testigo, todos los cheques fueron depositados en una cuenta del banco Santander.
Tanto Mariano Reyes como Sánchez Jasso son socios de Bildung Consultoría.

En el caso de Fernando Mariano Reyes, los pagos autorizados por el ex mandatario de Chihuahua fueron por concepto de prestación de servicios que fueron simulados mediante un contrato celebrado con Bildung.

Actualmente, Tarín García se encuentra preso en Chihuahua y enfrenta dos acusaciones, una por peculado y otra por peculado agravado, por irregularidades cometidas durante su gestión en el gobierno de Duarte.

Con información de El Debate