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Excolaboradora de Trump revela que exempleados reciben dinero por su silencio

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Omarosa Manigault Newman, exasesora de la Casa Blanca, afirma que varios de los exallegados del presidente estadunidense Donald Trump reciben alrededor de 15 mil dólares mensuales «por su silencio», una cifra que parece ser confirmada por registros oficiales.

Manigault Newman, fuera de su cargo desde diciembre del año pasado, afirma haberse negado a firmar un acuerdo de no divulgación que otros exfuncionarios presuntamente aceptaron bajo la fachada de un trabajo remunerado.

«No me estaban ofreciendo un trabajo real […] realmente no les importaba si aparecía [en el trabajo]», aseveró la exasesora a NBC, precisando que ese contrato le habría prohibido hacer cualquier comentario que pudiera dañar al presidente.
Pese a que la veracidad de estas afirmaciones no ha sido verificada, registros financieros electorales citados por ABC News confirman que pagos cercanos a ese monto han sido realizados a algunos exfuncionarios, entre ellos, dos que sirvieron en puestos clave en la Casa Blanca.

En concreto, Keith Schiller, jefe de seguridad de la Organización Trump, guardaespaldas personal del presidente y jefe de operaciones de la Oficina Oval hasta septiembre de 2017, recibió pagos mensuales tras su salida al igual que otros exasesores como John McEntee, asistente personal del presidente hasta marzo de este año, de parte de la campaña presidencial de Trump de cara a una potencial reelección en el 2020.

La exasesora había desvelado preocupantes grabaciones como parte de las «cosas muy corruptas» que prometió revelar en torno a la Administración Trump. Sus declaraciones coinciden con la promoción de su nuevo libro sobre la Casa Blanca, calificado por la portavoz presidencial, Sarah Sanders, como «plagado de mentiras».

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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