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México

Exejecutivo de Baker Hughes reconoce que rentó su casa al hijo de AMLO, pero dice que no sabía quién era

Keith Schilling, exejecutivo de la empresa Baker Hughes Co., reconoció este viernes que rentó su casa en Houston al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. El exempleado de la empresa energética transnacional habló públicamente por primera vez sobre su participación en el escándalo y apuntó que sí rentó su casa a José Ramón López Beltrán, pero aseguró que no tenía conocimiento previo de quién era el arrendatario.

Schilling, quien trabajó para Baker Hughes de 2016 a 2020, informó que su casa estaba vacía y disponible para rentarse después de que él se mudó para administrar el negocio en Canadá del gigante de servicios petroleros.

El 19 de agosto de 2019, Baker Hughes firmó un contrato con Pemex por 85 millones de dólares, un mes después el hijo de AMLO y su esposa se mudaron a la casa del alto ejecutivo de la empresa.

“No tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera”, afirmó Schilling.

“En cualquiera de mis roles en Baker Hughes, no tenía responsabilidad de ninguna actividad comercial o contrato en, o relacionado con, México”, aseguró.

Schilling añadió que el alquiler de la propiedad se hizo públicamente a través de un corredor profesional y con licencia.

El pasado 30 de enero, Latinus y MCCI revelaron que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, ha vivido en los últimos años en dos casas en Texas, cada una con un valor de casi un millón de dólares.

La primera de esas casas pertenecía a Schilling, quien en ese momento era un alto ejecutivo en Baker Hughes, empresa que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex y que además, hoy vende compresores y turbinas para la nueva refinería de Dos Bocas.

“Como es práctica estándar cuando me mudo por trabajo, alquilé mi casa, de propiedad personal en el área de Houston, a un tercero, desde agosto de 2019 hasta julio de 2020. Las partes celebraron un contrato de alquiler típico a precio de mercado. Me pagaban mensualmente, de acuerdo con los términos del contrato de alquiler”, dijo Schilling en un comunicado dado a conocer por Bloomberg News.

El viernes pasado, Baker Huges reconoció que la casa en Houston en la que vivieron José Ramón y su esposa, Carolyn Adams Solano, perteneció a un exempleado de la firma.

La compañía dijo en un breve comunicado en el que señala que “la casa es una propiedad privada que, según los registros públicos, pertenecía a un exempleado” y detalló que este “dejó la empresa en 2019”. Sin embargo, en su perfil de Linkedln, Keith L. Schilling señala que dejó la empresa en enero de 2020.

La compañía afirmó que “el inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes” y aseveró que “no estuvo involucrada en la supuesta transacción”.

Sin referirse a Schilling con nombre y apellido, Baker Huges aseguró que dicho extrabajador no estaba involucrado en sus operaciones en México, donde tiene presencia hace más de 60 años.

Añadió que, debido a que es una empresa pública que cotiza en NASDAQ, “está comprometida con estrictas normas de anticorrupción y rendición de cuentas en Estados Unidos” y en el resto de países en los que opera. “Nuestros contratos y operaciones se realizan con estricto apego a la ley”, afirmó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este viernes a la denuncia de hechos que el PAN realizó ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra su hijo por presunta corrupción y tráfico de influencias. “Ya un partido presenta una denuncia a la Fiscalía, adelante, obvio no hay nada ilegal, nada absolutamente. Pero es el escándalo, es tirarlo, porque no pueden de otra manera, y ahí están medios, periodistas, intelectuales al servicio del antiguo régimen, todos, y adelante con eso”, dijo durante su conferencia matutina.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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