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Política

Exgobernador de NL se ampara contra embargo

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El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz tramitó una suspensión de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en contra del embargo precautorio que el estado aplicó en su contra.

La medida de protección que obtuvo también contempla multa excesiva, ataques de libertad personal fuera de procedimiento y destierro, entre otros. Fuentes allegadas a la investigación revelaron que el exmandatario tramitó la suspensión provisional de amparo mediante sus abogados, Alfonso Aguilar Zínser y Javier Flores Zaldívar, quien se desempeñó como Procurador General de Justicia en el estado, durante los últimos meses de su gestión.

El próximo 28 de junio, Medina de la Cruz asistirá a la audiencia ante un juez de control en la que se le imputarán cargos. La medida de protección se da luego de que hace semanas se anunció el embargo de bienes de Medina de la Cruz, dentro de la “Operación Tornado”, impulsada por la Subprocuraduría Anticorrupción, que encabeza Ernesto Canales.

El juicio de amparo quedó asentado como el 425/2016 y entre los actos reclamados en la suspensión provisional se contempla: ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro. Así como desaparición forzada, mutilación, infamia, marca, los azotes, palos, tormentos de cualquier especie, multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental.

El pasado 3 de junio, la Subprocuraduría Anticorrupción reveló la “Operación Tornado” en la que se presumen delitos de peculado, patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y ejercicio abusivo de funciones, entre otros.

Dinero

Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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