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Exhiben a funcionarios de la 4T que aparentan vivir de forma austera

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“Lo único que me gusta de los ricos es su dinero”, palabras de Nancy Astor (la primera mujer que ocupó un escaño en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico en 1919). Así es como comienza el escritor Sergio Sarmiento su interpretación sobre la polémica de las propiedades que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tiene en conjunto con su marido, el académico John Ackerman.

Todo a raíz de un reportaje con el que el periodista Carlos Loret de Mola aseguró revelar que el matrimonio tiene un patrimonio cuyo valor oscila los 60 millones de pesos, cinco veces más que lo indicado en su declaración patrimonial. Cinco propiedades compradas en efectivo cuando ambos eran investigadores de la UNAM; un terreno “regalado” por el gobierno del entonces Distrito Federal en 2007, de unos 300 metros cuadrados de construcción.

En su texto publicado en Reforma, Sarmiento destaca que Ackerman respondió que las propiedades son fruto del trabajo de ambos y de donaciones de sus familias. Lo cita: “No estamos obligados a explicarle nada a nadie con respecto al patrimonio que logramos construir con gran esfuerzo, y con las generosas aportaciones de nuestros familiares, antes de que Irma Eréndira ocupara cargo público alguno”.

El escritor subraya también que John Ackerman dijo que presentará denuncias contra Loret por la filtración de datos personales y lo hizo responsable por cualquier agresión o extorsión que pudiera sufrir su familia por el reportaje que tachó de “irresponsable y criminal”.

Lo vuelve a citar: “Aquí nadie le descubrió nada a nadie. La declaración. se encuentra en regla y reporta todos y cada uno de nuestros bienes con absoluta precisión. La nota de Loretito presenta estos datos de manera engañosa (transformando mágicamente departamentos y un terreno en ´casas´), recurre a imágenes que no corresponden en absoluto con la realidad y ofrece interpretaciones fantasiosas sobre el origen de los bienes, pero no aporta ningún dato adicional más allá de lo ya declarado por la Secretaria”.

Con todo lo anterior, Sergio Sarmiento llega a una determinante conclusión:

Y hace un recuento de casos que resultan evocados: “El director de la CFE, Manuel Bartlett, sus hijos y su pareja sentimental (que no concubina) son propietarios de cuando menos 23 casas de lujo, principalmente en Las Lomas de la Ciudad de México, y de empresas. La secretaria de Gobernación tiene un condominio en Houston. El canciller Marcelo Ebrard, quien afirmaba no tener patrimonio personal cuando dejó el gobierno de la Ciudad de México, vivió años en París sin un trabajo visible y hoy porta relojes de más de 14 mil dólares. Javier Jiménez Espriú, secretario de comunicaciones, tenía un apartamento en Texas, pero lo cedió a su hijo, y ha sido consejero de la petroquímica Idesa, pero en representación de acciones de su esposa”.

El también periodista recuerda incluso que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador donó a sus hijos todas sus propiedades; hoy en día dice no tener ninguna.

Así, apunta, “los políticos hacen un esfuerzo sistemático por presentarse como pobres, aun cuando tengan dinero de fuentes legítimas”.

Precisamente, Sarmiento señala que actualmente es necesario tener “un patrimonio cuantioso” si se busca trabajar en el gobierno, debido a que “los sueldos han sido reducidos y se prohíbe al funcionario trabajar durante 10 años en su campo de especialidad”.

Así que el escritor ve con tristeza, incluso, que Ackerman tenga que explicar que sus propiedades son en gran parte por donaciones de sus padres, los de él y de su esposa. “Es triste que tengamos un régimen de ricos que afirman haber donado todo su patrimonio o de otros ricos que dicen que todo lo que tienen es regalo de sus papás”.

“Supongo que ya no hay cabida para quienes construyen un patrimonio a fuerza de trabajo y lo preservan juiciosamente”, concluye en su texto Sarmiento.

Fuente; Infobae

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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