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Exhorta Municipio a grupo Aeroportuario OMA a liquidar adeudo del Predial

Con la finalidad de fortalecer la hacienda municipal y elevar la captación de recursos provenientes de la recaudación, el Ayuntamiento exhorta de manera respetuosa pero firme al el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), que opera el aeropuerto Internacional Roberto Fierro en la ciudad de Chihuahua, a que se ponga al corriente en los distintos impuestos, derechos y contribuciones que adeuda al municipio.

En sesión de Cabildo los regidores del Ayuntamiento señalaron que existen tres grupos aeroportuarios que administran prácticamente la totalidad de los aeropuertos del país, de ellos, el Grupo Aeroportuario Centro-Norte, mejor conocido como OMA, administra los aeropuertos de Acapulco, Ciudad Juárez, Culiacán, Durango, Mazatlán, Monterrey, Reynosa, San Luis Potosí, Tampico, Torreón, Zacatecas, Zihuatanejo y Chihuahua, mismo que obtiene ganancias multimillonarias, mismas con las que puede contribuir al sostenimiento de la hacienda municipal.

El regidor Alfredo Chávez Madrid quien presentó el exhorto, señaló que el grupo aeroportuario tiene una deuda millonaria con el municipio y por ello es necesario que regularice su situación y se sume a los esfuerzos de todos los chihuahuenses que año con año pagan su impuesto predial para el desarrollo de la cuidad.

En este mismo tenor el regidor Antonio García Hernández propuso la creación de una comisión especial a efecto de iniciar un análisis jurídico sobre el derecho del municipio a cobrar el impuesto predial en las áreas del estacionamiento, comerciales y administrativas que ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Chihuahua, concesionado actualmente a Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

Lo anterior con la intención de que se analice las posibilidades legales para que los administradores del aeropuerto puedan liquidar la adeuda del inmueble por pago al Impuesto Predial, relativo al uso de suelo donde se asienta el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Chihuahua.

Aseguró que debido a este marco jurídico, al Municipio le asiste el derecho de cobro del impuesto predial, así como la atribución para determinar el uso de suelo urbano y el pago de derechos por construcción.

El pleno del Cabildo aprobó tanto el exhorto como la creación de la Comisión Especial que queda integrada por los coordinadores de las fracciones de los partidos políticos representados al interior del Ayuntamiento.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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