Ante el amplio respaldo de casi 300 mil ciudadanos a esa iniciativa, que fue entregada el pasado 17 de marzo en el Senado, el dirigente del sindicato patronal hizo un llamado a los senadores y diputados federales a incluir la Ley 3de3 en la aprobación de todos los cuerpos normativos necesarios para dar vida plena al Sistema Nacional Anticorrupción.
En este momento en la Ciudad de México, en el Senado de la República, nuestro Presidente Nacional, Gustavo de Hoyos Walther, junto con integrantes del Consejo Directivo Nacional, las Comisiones de Trabajo, de las Grandes Empresas y de nuestros Centros Empresariales están pidiendo a los Senadores que aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción antes del 28 de mayo, como lo mandata la ley.
De manera simultánea, los Centros Empresariales en todo el país están dando también una rueda de prensa como ésta para dar a conocer nuestro posicionamiento.
A continuación doy lectura a la carta que hemos entregado al Presidente de la Mesa Directiva, al Presidente de la Junta de Coordinación Política y a cada uno de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Senado de la República:
Senador Roberto Gil Zuarth,
Presidente de la Mesa Directiva, SENADO DE LA REPÚBLICA Estimado Senador,
Los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nos congratulamos de que estén discutiendo con la sociedad civil las leyes que conforman el andamiaje para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, ya que el binomio perverso de la corrupción y la impunidad es uno de los problemas más graves que tenemos como país y que impiden nuestro crecimiento y desarrollo.
La corrupción nos cuesta como país alrededor de un 10% del PIB y a las empresas hasta un 5% de nuestras ventas anuales. Pero el costo social es aún mayor: el 14% del ingreso promedio anual de los hogares son destinados a “pagos extraoficiales” e, incluso, está demostrado que hay una correlación directa entre la corrupción y los niveles de violencia. Coparmex tiene un compromiso histórico con la lucha en favor de las mejores causas de México, como la educación, la democracia participativa, el diálogo entre las empresas y los trabajadores, y ahora, de manera muy clara: el combate a la corrupción y a la impunidad.
Es por eso que planteamos ante el Senado de la República 5 exigencias que son prioritarias en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción:
1-.El Congreso de la Unión tiene el deber de cumplir con la Constitución y aprobar las 7 leyes secundarias del SNA a más tardar el 28 de mayo.
La Ley de Responsabilidades Administrativas “Ley 3de3” debe ser aprobada. La iniciativa cuenta con un respaldo ciudadano de más de 634 mil firmas. Además de la declaración fiscal, de conflicto de intereses y patrimonial, debemos asegurar que las formas de corrupción estén claramente tipificadas y, en consecuencia, investigadas, juzgadas y sancionadas. Además, debe contar con mecanismos claros para proteger y promover la denuncia anónima.
2.- Garantizar que la ciudadanía presida el Sistema Nacional Anticorrupción. Para ser eficaz, el combate a la corrupción debe ser un trabajo desde y con la sociedad, por eso el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debe estar presidido por el representante ciudadano («la séptima silla»). Asimismo, el Comité de Participación Ciudadana debe contar con la representación del sector empresarial, pues son los trabajadores y los empresarios, las primeras víctimas de la corrupción.
3.- Autonomía y facultades plenas a los órganos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
Los órganos encargados de investigar, fiscalizar y sancionar la corrupción deben contar con facultades para actuar de manera íntegra, segura, coordinada y eficaz. Particularmente la Auditoría Superior de la Federación, la nueva Fiscalía y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben tener la autonomía suficiente, así como capacidad técnica y operativa.
4.- El Sistema debe tener facultades sancionadoras para el combate efectivo a la impunidad. El SNA debe poseer «dientes para morder a la impunidad», es decir afectar directamente los bienes producto de la corrupción con un marco jurídico adecuado para resarcir el daño. En este sentido, el sector empresarial asume el compromiso de coadyuvar y ser ejemplo en el combate a la impunidad.
5.- Que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad en todos los estados y municipios de México. La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser real y eficaz en los tres órdenes de gobierno, conforme a la expectativa de la sociedad. Coparmex impulsará, a través de sus Centros Empresariales, el proceso de armonización y ejecución de las leyes estatales con las federales.
