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Duarte

Exige PRD indagar complicidad entre César Duarte y gobernador de Nayarit

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigió atender su solicitud a la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR), para que investiguen la presunta complicidad que existe entre el actual gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por el desvío de recursos públicos.

Los diputados perredistas afirmaron que la autoridad federal debe intervenir, pues existen declaraciones “auto incriminatorias” por parte del gobernador Sandoval Castañeda, quien habría admitido que obtuvo beneficios económicos de manera irregular, a través de actividades de fomento ganadero que involucran al ex mandatario de Chihuahua, que en estos momentos se encuentra prófugo de la justicia.

El coordinador Francisco Martínez, el vicecoordinador Jesús Zambrano y el diputado Omar Ortega, quienes presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso, señalaron que de acuerdo al trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hay evidencia de que Duarte Jáquez desvió recursos de su estado hacia la entidad nayarita.

Tras recordar que hay una orden de aprehensión por el delito de peculado contra el ex mandatario de Chihuahua, que se presume se encuentra en Estados Unidos, los legisladores del Sol Azteca indicaron que los recursos destinados al fomento ganadero en su entidad, fueron a parar a Nayarit de manera irregular, a través de la Unión Ganadera División del Norte.

Indicaron que ese organismo era presidido por el ahora finado diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Hermosillo Arteaga, quien falleció en marzo pasado en un accidente en carretera.

A esas anomalías y los desvíos en Chihuahua, se suma el caso del diputado suplente Antonio Tarín García, detenido hace unos días en la Ciudad de México, acusado por la malversación de recursos cuando fungió como director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, durante la administración de Duarte.

Agregaron que a esa red de corrupción y uso ilegal de recursos, se suman otras personas ligadas al PRI, como Hugo Ismael Sánchez, que en 2012 fuera coordinador en Nayarit de la campaña proselitista del entonces candidato Enrique Peña; y Raymundo Sandoval Castañeda, hermano del gobernador de esa entidad.

Esos personajes, aseguraron, se habrían beneficiado con la entrega de cabezas de ganado, que fueron enviadas al rancho del hermano del gobernador Sandoval, quien argumentó que llegaron a ese lugar debido a la sequía en Chihuahua, pero posteriormente pasaron a ser de su propiedad.

Indicaron que dichas irregularidades forman parte de la serie de anomalías detectadas por la ASF, al revisar las cuentas del Programa de Fomento Ganadero en 2015.

Por lo anterior, insistieron, es necesario que Gobernación y la PGR intervengan y deslinden responsabilidades.

MVS

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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