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México

Exige PRD en el Senado investigar a Meade por desvíos de estados al PRI

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, afirmó tajante, a través de su coordinador, Luis Sánchez, que el actual precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la Presidencia, José Antonio Meade; el ex titular de la Secretaría de Hacienda y actual Canciller, Luis Videgaray; así como el actual secretario de Hacienda, José Antonio González, sabían sobre todos los movimientos financieros y triangulación de recursos públicos a las campañas del tricolor y callaron, lo que los hace cómplices y responsables.

Por ello, demandó abrir una investigación contra el aspirante Meade Kuribreña, tras reiterar que durante su desempeño como secretario de Hacienda, sin duda tuvo conocimiento de esos hechos, al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera de ese despacho.

“¿No lo conocía la Unidad de Inteligencia de Hacienda? ¡Claro que lo conocía! Si había transferencias de una cuenta bancaria del Gobierno a una cuenta privada, la Secretaría de Hacienda lo conocía, claro que lo conocía. Por supuesto que todos estos malos movimientos y malos manejos de los recursos públicos de estos gobiernos que hoy están siendo señalados, todos y cada uno de esos movimientos los conocía la Unida de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y calló, y fue cómplice”, refrendó el congresista.

“Sí, por supuesto él tiene culpa de gran parte, por no haber actuado en una investigación y deslindar responsabilidades. Hay muchas acciones ahí que se están descubriendo hoy y que por supuesto Meade debió haber conocido, si, nada más que él, su trabajo era cubrirle las espaldas incluso al mismo Videgaray”, aseveró.

Como ejemplo de la capacidad de seguimiento e investigación que tiene la Unidad de Inteligencia de Hacienda, el legislador manifestó que el año pasado, recibió un requerimiento de la misma, para aclarar movimientos financieros que debió realizar para hacer determinados pagos.

Si Hacienda pudo detectar esas transacciones, apuntó, por supuesto que sabía del movimiento de recursos públicos hacia las campañas del PRI, a través de cuentas de gobiernos como el de Veracruz, Chihuahua y otros estados.

El senador Sánchez Jiménez aprovechó para aseverar que el Gobierno Federal en manos del PRI “fracasó” en la conducción del país y por ello, los mexicanos “no les deben nada” a ese partido ni a la administración federal, como en algún momento afirmó el precandidato tricolor.

Respecto a los señalamientos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por la negativa del Ejecutivo Federal de traer a México al ex gobernador César Duarte, para juzgarlo por los ilícitos cometidos, el coordinador de los senadores del Sol Azteca indicó que la corrupción destapada por el actual mandatario será “un golpe seco” a la campaña en que el Revolucionario Institucional pretende ocultar que se triangularon recursos públicos para favorecer sus campañas electorales.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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