Con motivo de la conmemoración del primer año de lucha contra la corrupción de César Duarte Jáquez, el movimiento chihuahuense Unión Ciudadana convocó este viernes a los ciudadanos para exigir frente a Palacio de Gobierno #AcciónPenalvsDuarteYA, en una extensa jornada en la Plaza Hidalgo.

Con pancartas y banderas en mano, caminaron alrededor de Palacio de Gobierno, se colocaron por algunos minutos frente a la Secretaría de Hacienda y finalmente en la Fiscalía General del Estado.

El líder de este movimiento y autor de la denuncia contra César Duarte ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, Jaime García Chávez, informó que en el expediente ya se configuró la comisión de varios delitos, particularmente el de enriquecimiento ilícito por el escándalo del banco Unión Progreso.

El 22 de septiembre del 2014 se interpuso dicha denuncia contra el gobernador del estado, su esposa Bertha Gómez Fong, así como el secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral y el diputado federal Carlos Hermosillo Arteaga, por utilizar recursos públicos para comprar acciones de la Unión de Crédito Progreso, para lo cual crearon un fideicomiso por 65 millones de pesos.

Por esta razón, el también abogado y activista manifestó: “Duarte ya no pudo acreditar la legal procedencia de ese dinero, no lo pudo explicar de ninguna manera a partir de sus ingresos y en ese sentido, ese delito queda perfectamente establecido”.

Por su parte, el  Senador Javier Corral Jurado urgió a la PGR para que libere ya la orden de aprehensión en contra de Duarte Jáquez: “el Ministerio Público cuenta con los elementos suficientes para acreditar ante un Juez Federal los delitos de peculado, de uso abusivo de facultades […] la justicia no debe dilatarse más”, sostuvo.

Durante la jornada se entregó material informativo a los ciudadanos, en donde se explicaba detalladamente las verdaderas cifras en el estado producto del mal gobierno y el pésimo manejo de las finanzas públicas.

Además, se detalló el estado en el que se encuentra la denuncia penal y la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las agresiones físicas que atropellaron la libertad de expresión durante la manifestación del pasado 28 de febrero.