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Exigen empresarios a delegado que designe titulares en dependencias tras nula inversión

“Como representantes empresariales comprometidos con la sociedad le exigimos al delegado Juan Carlos Loera designe ya titulares en las diversas representaciones federales porque hay muchos recursos sin concretar que estancan al estado”, dijo el Presidente de la COPARMEX Chihuahua, Federico Baeza Mares.

El líder empresarial reprobó que el Gobierno de México haya realizado recortes presupuestales en diferentes programas importantes para el estado, así como la falta de nombramientos a pesar de que han transcurrido varios meses desde el inicio del sexenio.

Recalcó que hacen falta grandes inversiones en materia económica, laboral y seguridad, pero también en el mejoramiento del sistema carretero y fortalecimiento del Sector Salud, entre otros rubros, sin embargo al no haber claridad en las estrategias federales hay un desequilibrio y nula activación económica.

“Creemos que el Delegado Loera debe tomar cartas en el asunto y darnos certidumbre porque no vemos proyectos importantes en Chihuahua, por el contrario solo observamos casos críticos de posible nepotismo en la nueva administración que se suman al deterioro en las finanzas públicas”, puntualizó.
Sentenció que si hay favoritismo para ocupar cargos en el Gobierno de México el Delegado debe destituir inmediatamente a quienes ostentan esos puestos ya que de acuerdo a la ley “no debe haber negocio y beneficios para familiares y allegados”, puntualizó.

De la misma forma, urgió al funcionario para que presione a sus superiores en el centro del país y el gobierno mexicano “abra la llave” a la brevedad para que bajen los recursos necesarios para el estado, con carácter de urgencia.

Indicó que el empresariado local se mantendrá atento e insistirá y levantará la voz para velar por el adecuado uso de recursos públicos a través de la aplicación de la ley y el Estado de Derecho en favor de la ciudadanía.

La COPARMEX Chihuahua contribuye responsablemente a las inversiones y generación de empleo en beneficio de los chihuahuenses por lo que insta al gobierno a suministrar recursos de forma estratégica y transparente a través de sus representaciones en el estado, en los proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de la gente y garanticen el desarrollo sustentable de nuestro país.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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