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México

Exigen juicio político, auditoría y renuncia de Romero Deschamps

Convocar a una nueva elección para renovar la dirigencia del sindicato petrolero, realizar una auditoría a los dirigentes sindicales, así como entablar juicio político a los funcionarios corruptos.

Estos fueron los planteamientos principales de los integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP), quienes específicamente exigieron la destitución de Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

“Exigimos el juicio político a Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito que lo lleve al encarcelamiento, que se le realice una auditoría a sus cuentas personales; de los secretarios generales en cada sección, así como de las cuentas del STPRM”, dijo Díaz Cruz.

La asamblea del MNTP se realizó en el Auditorio “Francisco Breña Alvire”, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ubicado en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México.

La aspirante a llegar a la dirigencia de la organización sindical afirmó que se debe aplicar el voto libre y secreto para la elección de dirigentes, ya que el método de elección “a mano alzada” ha servido como mecanismo de presión.

“Exigimos en las próximas elecciones en las 35 secciones sindicales, el voto libre y secreto, así como la presencia de observadores de derechos humanos nacionales e internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que no haya amenazas o intimidaciones a los trabajadores”, resaltó.

Además, denunció el modo en que hasta ahora se maneja el sindicato a cargo de Romero Deschamps:

“No existen condiciones para realizar las asambleas, debido al hostigamiento, intimidación, querer hacernos firmar a la fuerza a favor de Carlos Romero Deschamps para que se perpetúe”, afirmó.

Díaz Cruz apoyó las afirmaciones realizadas por Rocío Nahle, propuesta para ser la secretaría de Energía por el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el sentido de que no habrá “cacería de brujas” al interior del STPRM.

Indicó que el proceso de recuperación de las dirigencias de los sindicatos, para su mejor administración, es una tarea que le corresponde a los propios trabajadores.

“El gobierno democrático que encabeza AMLO, por supuesto que no va a hacer una cacería de brujas, corresponde a nosotros como trabajadores, organizarnos y solicitar la salida de Carlos Romero Deschamps.

“Aquí es donde nosotros vamos a apelar a las instituciones, para que se implante la justicia, lo que queremos es justicia en nuestro sindicato de trabajadores petroleros”, indicó.

Conocida en el gremio como “Lula”, pidió al nuevo gobierno encabezado AMLO, convocar a elecciones de las 35 secciones que conforman la organización sindical para votar por un nuevo dirigente el próximo 10 de enero de 2019, mediante el ejercicio del voto libre y secreto.

Díaz Cruz agregó que desconocen a Romero Deschamps como su representante, lo mismo que a los secretarios generales de las 35 secciones.

Por ello, exigieron su renuncia inmediata, además de que se les practique una auditoría personal y otra a las cuentas del sindicato petrolero.

Enfatizó en la exigencia de transparentar el manejo de los recursos que opera el STPRM; advirtió que, de llegar a la secretaría general, demandará que el también senador priísta sea enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito.

El pasado 11 de diciembre Carlos Romero Deschamps fue electo por unanimidad para encabezar por otros seis años el STPRM, con lo que se convirtió en su cuarta reelección desde que llegó a la Secretaría General del sindicato en 1993.

Integrantes de las 36 secciones del sindicato petrolero reeligieron en su 26 Convención Extraordinaria al actual senador por el PRI, Carlos Romero Deschamps, como su dirigente para el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2024.

La nueva elección de dirigencia nacional se prevé el 10 de enero del 2019. De no ser así, pedirán a AMLO que intervenga, pues la organización considera que las y los trabajadores petroleros, activos, transitorios y jubilados, están hartos de la situación en la que viven con la actual dirigencia.

Díaz Cruz agregó que es necesario refundar al sindicato petrolero desde una visión de derechos humanos, en el que destaca la cero tolerancia a la corrupción, con manejo de recursos transparente, con informes cada 6 meses y auditorías constantes a todas las secciones.

Mencionó que se buscará el incremento de la seguridad e higiene en todas las áreas de Pemex.

Además, buscarán la creación de la primera radio petrolera, que tendrá su sede nacional en Acapulco, Guerrero.

Asimismo, crearán una Secretaría de Atención a la Mujer Petrolera, la cual tendrá una comisión especial que dé seguimiento a casos específicos, pues se sabe que continúan los casos de abuso físico, psicológico y sexual contra sus agremiadas.

Con información de Excélsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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