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Exigen juicio político, auditoría y renuncia de Romero Deschamps

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Convocar a una nueva elección para renovar la dirigencia del sindicato petrolero, realizar una auditoría a los dirigentes sindicales, así como entablar juicio político a los funcionarios corruptos.

Estos fueron los planteamientos principales de los integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP), quienes específicamente exigieron la destitución de Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

“Exigimos el juicio político a Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito que lo lleve al encarcelamiento, que se le realice una auditoría a sus cuentas personales; de los secretarios generales en cada sección, así como de las cuentas del STPRM”, dijo Díaz Cruz.

La asamblea del MNTP se realizó en el Auditorio “Francisco Breña Alvire”, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ubicado en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México.

La aspirante a llegar a la dirigencia de la organización sindical afirmó que se debe aplicar el voto libre y secreto para la elección de dirigentes, ya que el método de elección “a mano alzada” ha servido como mecanismo de presión.

“Exigimos en las próximas elecciones en las 35 secciones sindicales, el voto libre y secreto, así como la presencia de observadores de derechos humanos nacionales e internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que no haya amenazas o intimidaciones a los trabajadores”, resaltó.

Además, denunció el modo en que hasta ahora se maneja el sindicato a cargo de Romero Deschamps:

“No existen condiciones para realizar las asambleas, debido al hostigamiento, intimidación, querer hacernos firmar a la fuerza a favor de Carlos Romero Deschamps para que se perpetúe”, afirmó.

Díaz Cruz apoyó las afirmaciones realizadas por Rocío Nahle, propuesta para ser la secretaría de Energía por el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el sentido de que no habrá “cacería de brujas” al interior del STPRM.

Indicó que el proceso de recuperación de las dirigencias de los sindicatos, para su mejor administración, es una tarea que le corresponde a los propios trabajadores.

“El gobierno democrático que encabeza AMLO, por supuesto que no va a hacer una cacería de brujas, corresponde a nosotros como trabajadores, organizarnos y solicitar la salida de Carlos Romero Deschamps.

“Aquí es donde nosotros vamos a apelar a las instituciones, para que se implante la justicia, lo que queremos es justicia en nuestro sindicato de trabajadores petroleros”, indicó.

Conocida en el gremio como “Lula”, pidió al nuevo gobierno encabezado AMLO, convocar a elecciones de las 35 secciones que conforman la organización sindical para votar por un nuevo dirigente el próximo 10 de enero de 2019, mediante el ejercicio del voto libre y secreto.

Díaz Cruz agregó que desconocen a Romero Deschamps como su representante, lo mismo que a los secretarios generales de las 35 secciones.

Por ello, exigieron su renuncia inmediata, además de que se les practique una auditoría personal y otra a las cuentas del sindicato petrolero.

Enfatizó en la exigencia de transparentar el manejo de los recursos que opera el STPRM; advirtió que, de llegar a la secretaría general, demandará que el también senador priísta sea enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito.

El pasado 11 de diciembre Carlos Romero Deschamps fue electo por unanimidad para encabezar por otros seis años el STPRM, con lo que se convirtió en su cuarta reelección desde que llegó a la Secretaría General del sindicato en 1993.

Integrantes de las 36 secciones del sindicato petrolero reeligieron en su 26 Convención Extraordinaria al actual senador por el PRI, Carlos Romero Deschamps, como su dirigente para el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2024.

La nueva elección de dirigencia nacional se prevé el 10 de enero del 2019. De no ser así, pedirán a AMLO que intervenga, pues la organización considera que las y los trabajadores petroleros, activos, transitorios y jubilados, están hartos de la situación en la que viven con la actual dirigencia.

Díaz Cruz agregó que es necesario refundar al sindicato petrolero desde una visión de derechos humanos, en el que destaca la cero tolerancia a la corrupción, con manejo de recursos transparente, con informes cada 6 meses y auditorías constantes a todas las secciones.

Mencionó que se buscará el incremento de la seguridad e higiene en todas las áreas de Pemex.

Además, buscarán la creación de la primera radio petrolera, que tendrá su sede nacional en Acapulco, Guerrero.

Asimismo, crearán una Secretaría de Atención a la Mujer Petrolera, la cual tendrá una comisión especial que dé seguimiento a casos específicos, pues se sabe que continúan los casos de abuso físico, psicológico y sexual contra sus agremiadas.

Con información de Excélsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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