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México

Exigen justicia para Jaqueline… la mataron tras denunciar acoso

A sus 16 años Jaqueline Ramírez fue asesinada de un disparo en la cabeza la mañana del pasado martes en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.

Un día antes denunció por segunda vez en su cuenta de Facebook que sufría acoso de agentes de la Policía Municipal.

Antes, en un grupo llamado “Puro Coyuquense”, denunció a la Policía Municipal de acosarla y de abuso de autoridad.

Como se observa en la primera denuncia, Jaqueline se quejó de que le tomaron fotografías y aseguró que los agentes le tienen coraje porque no les quiso compartir su número telefónico. Además, se refiere a una mujer que presuntamente la quiso golpear.

Horas antes de su asesinato compartió una publicación en la que, dentro de los comentarios, repitió la denuncia.

La familia de Jaqueline asegura no tener conocimiento de que haya sido amenazada.

Casi con todos se llevaba aquí, no tenía problemas con nadie, de amenaza, ni una, porque ella no me dijo nada. Yo no estoy culpando a nadie, yo solo quiero que se haga justicia porque ella no se merecía una muerte así”, afirmó María Guadalupe Ramírez, mamá de Jaqueline.

Cuando yo me enteré que la encontraron, vi las publicaciones que ella había hecho, no sé si a sus amigas les haya contado algo de eso, porque a mí me tenía confianza, pero nunca me contó nada de eso”, comentó Brian Ramírez Ramos, hermano de Jaqueline.

Jaqueline fue velada en su casa, en donde familiares y amigos portaban cartulinas pidiendo justicia.

La menor era parte de una familia de cuatro hermanos y tenía como objetivo ser parte de la Marina Armada de México.

En tanto, el presidente municipal de Coyuca de Benítez, Alberto de los Santos, dijo que están dispuestos a colaborar para que se investiguen a los policías, elementos de Tránsito y de la Dirección de Reglamentos.

Si hubiera en esta averiguación que haga el órgano de control interno y la comisión de honor y justicia que también se aprobó en ese momento, lógico es que tenemos que tenemos que sancionar en dado caso que haya acoso, esa es la parte administrativa, lo estamos dejando ver en todo momento”, afirmó el edil.

A más de 24 horas del asesinato, el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez no ha recibido ninguna notificación de la Fiscalía General del Estado para la investigación del caso.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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