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Exigen regidores del pan que Alejandro Domínguez regrese dinero que desvió cuando fue presidente del PRI

Los Regidores del Partido Acción Nacional se pronunciaron en contra de los señalamientos que el Diputado del PRI Alejandro Domínguez Domínguez hizo en una Carta Abierta en contra de la alcaldesa Maru Campos Galván, y exigieron que antes de seguir con esos señalamientos en contra de la administración, rinda cuentas y entregue el dinero del erario que desviaron para campañas federales y estatales en el período de César Duarte.

A pocos días del arranque de las campañas federales, comenzaron a arreciar los ataques de quienes buscan un puesto político, como es el caso del diputado Alejandro Domínguez quien ha sido reiterativo en los señalamientos hacia el actual gobierno municipal de Chihuahua, y pone en duda cuestiones de la pasada campaña de la actual Alcaldesa, destacando la relación y apoyo del ex gobernador César Duarte. “Flaca memoria tiene Domínguez Domínguez a quien se le olvida que, en el periodo de Duarte, él fue presidente del CDE del PRI, bien sabido que es un favor que le debe al oriundo de Parral y en esa época estaba informado absolutamente de todo, entonces, es parte de la gran corrupción del duartismo ¿por qué no denunció a tiempo todo y es ahora que le exige cuentas al ex secretario de hacienda?” dijo el Regidor Javier Sánchez Herrera.

Es bien sabido que, la diputación federal la obtuvo con el recurso público que el gobierno de Duarte desvió al PRI, de lo cual hay que recordar que se sigue proceso penal a personas vinculadas y otras, que han sido sentenciadas y purgan condena en el Centro de Readaptación Social.

A su vez refirió que al diputado “le puede salir el tiro por la culta” pues en sus intentos de deslindarse de Duarte, quiere enterrar su relación directa con el ex gobernador de quien fue, uno de los más cercanos y beneficiados con los recursos que desviaron del erario para su diputación.

Domínguez fue diputado local, coordinador de diputados del PRI, presidente estatal del partido y diputado federal gracias a la venia de César Duarte, por eso lo defendió tanto en ese tiempo. Ahora lo desconoce y lo repudia, pero le recordamos que, nunca se va a quitar el sello duartista y menos, todo lo que le dio Duarte.

Los Regidores exigieron que responda por los dineros desviados antes que andar inventando historias con el afán de dañar la imagen de la administración, la cual sí le está respondiendo a los chihuahuenses porque sí está haciendo buen uso de los recursos públicos que se reflejan en obra y servicios públicos, así como mejor atención a los grupos vulnerables, la educación, cultura y otros rubros.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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