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México

Existen 222 fosas clandestinas con 237 cuerpos: Alejandro Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 13 de mayo hay un registro de 222 fosas clandestinas en 81 sitios en todo el país donde se han encontrado 237 cuerpos.

El funcionario dijo que nunca ha existido un registro de fosas, por lo que una de sus prioridades es contar con uno y para comenzar hicieron un conteo con base en registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones como Artículo 19 y Datacívica, y de investigaciones periodísticas como “El país de las 2 mil fosas” de Quinto Elemento Lab.

Dijo que en nuestro país siempre se ocultó o minimizó la información, incluso se envió al marasmo de los datos estadísticos donde los casos de desaparición forzada o por particulares se mezclaban con los datos de homicidios cometidos todos los días a pesar de que la mayor parte de los restos encontrados en las fosas clandestinas se habían cometido con muchos años de anterioridad.

El subsecretario indicó en conferencia de prensa que Colima y Tabasco son los estados con más sitios con fosas con 11, le sigue Sonora y Zacatecas con 10, y Guerrero y Jalisco con ocho.

Veracruz es donde más han localizado fosas con 76, abajo está Sonora con 35, Sinaloa con 23, Guerrero con 20 y Colima con 12.

Mientras que Colima es donde han encontrado cuerpos, 93; sigue Sinaloa con 80, Sonora con 55, Nayarit con 35 y Jalisco con 20.

Encinas mencionó personalmente asiste a donde se encuentran las fosas para hacer un acompañamiento a las autoridades y a los familiares.

Explicó que son cuatro acciones las que se llevarán a cabo para atender esta problemática:

1. Conformar un Registro Nacional de Fosas con información de la Subsecretaría, de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República (FGR), de los estados, colectivos y fuentes verificables.
2. El CNB presentará cada 15 días un informe con el número de sitios, fosas y cuerpos.
Puedes leer: Familiares de desaparecidos piden que los dejen trabajar en fosas de Veracruz

3. Fortalecer el Servicio Médico Forense (Semefos), anfiteatros y laboratorios de genética.
4. Realizar planes regionales de búsqueda en los que participarán colectivos de búsqueda, servicios periciales de la FGR, la División Científica de la Policía Federal (PF), la Cruz Roja, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el equipo argentino de Antropología Forense.

sdp noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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