Existen suficientes pruebas para que el juez de Control establezca la vinculación a proceso para María Eugenia Campos Galván en la audiencia de mañana, expuso el diputado local suplente, Román Alcantar Alvídrez, junto con abogados integrantes del Comité de Salud Pública y defensa Ciudadana.

En caso contrario, si evade la vinculación a proceso, la determinación tendrá su origen en “otras circunstancias”, más no a falta de evidencias, indicó el legislador, acompañado por los abogados Rafael Vázquez Pérez, Gregorio Pérez Gastelum y José Alfredo Díaz de León Castro.

Las medidas solicitadas por el Ministerio Público el pasado 27 de marzo, cuando se celebró de formulación de imputación, hablan de la seguridad que se tiene de su presunta responsabilidad: abstenerse de salir del país, una garantía económica por 500 mil pesos, así como evitar tener contacto con los testigos y personas que deponen en su contra.

Explicó que el Artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, menciona los requisitos para vincular a proceso a algún imputado, entre estos que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

Dentro de la Causa Penal 2821/2020, expuesta ante el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, se establece que Campos Galván recibió sobornos por la cantidad de 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 por parte del ex gobernador de Chihuahua, César Horacio DJ, dinero que le fue entregado personalmente en el sótano del edificio Héroes de Reforma, por un enviado de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda.

También dispuso ilegalmente de recursos públicos a través de una cuenta simulada a nombre de “Campos Galván y Asociados S. C.”, propiedad de su hermano Manuel, hasta por 1 millón de pesos, transacción hecha mediante una tarjeta de débito derivada de dicha cuenta que fue usada en varias ciudades de México, Italia y Francia. La Fiscalía presentó documentos con la firma de la acusada.

Además, ordenó la adjudicación de contratos para limpia y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales a cinco empresas, las que -presuntamente- son: Edificación y Construcción P&G., S. A. de C. V.; Gesam Soporte Integral S. A. de C. V.; Asesoría Alta Gestión Preser S. A. de C. V.; Asesores y Consultores SAC S. A. de C. V.; así como Praga Planeación y Edificación S. A. de C. V.

Así, recibió de empresas contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018.

Entre las pruebas que aportó el Ministerio Público se encuentran 34 recibos de pago firmados (de recibido) de puño y letra de Campos Galván, con fecha de entre el 10 de febrero de 2014 y el 29 de abril de 2016, con montos que van de los 100 mil a los 400 mil pesos al mes. Los documentos suman 9 millones 300 mil pesos.

La representación social exhibió aparte diversos contratos de prestación de servicios de Gobierno del Estado de Chihuahua, otorgados al hermano de la imputada, mismos que la Secretaría de la Función Pública comprobó que fueron simulados y que la firma del contratante fue obtenida por Campos Galván en complicidad con su familiar.
Expuso un informe emitido por La Comisión Nacional Bancaria y de Valores relativo al depósito en la tarjeta de crédito de Campos Galván por 20 mil pesos, así como testimoniales que acreditan que el depósito, citado en el antecedente era parte de los pagos a cambio de brindar apoyo a César Horacio DJ.

Ofreció constancias en las que se acredita el apoyo legislativo otorgado por la imputada a César Horacio DJ, mediante autorizaciones de préstamos y aprobación de cuenta pública en los que la fracción del partido de Campos Galván votó a favor y asentó que no existían irregularidades en el manejo del recurso público.

Dispuso también la participación de 50 testigos “protegidos” que declaran en contra de Campos Galván, ahí aparece el nombre ex secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno.