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Expide Congreso la de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado

A raíz de las reformas constitucionales para la creación de los sistemas anticorrupción a nivel nacional y en los diferentes estados de la República, el Poder Legislativo de Chihuahua, creó la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, la cual será referente para que la percepción de la población ya no sea que los servidores públicos son intocables para la justicia.

La diputada Laura Marín y el legislador Miguel La Torre, expositores del Dictamen, en su carácter de integrantes de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, informaron que esta Ley servirá para contribuir y robustecer las acciones en contra de la corrupción.
Enfatizaron el hecho de que de esta manera el Estado, empieza a tomar las medidas necesarias para que las políticas públicas y los ordenamientos legales coadyuven en el combate a la corrupción y a la impunidad, generando con ello un cambio en las dinámicas sociales para que la ciudadanía esté segura de que en caso de que alguna persona dedicada al servicio público cometa alguna falta o delito será procesada y sancionada.

Al dar lectura al Dictamen, se informó que en el caso del proceso de denuncia en juicio político, la petición podrá provenir de cualquier persona ciudadana que así lo formule y que cuente con elementos probatorios suficientes para sustentar sus afirmaciones.
Dentro de la exposición se detallaron diferentes cuestiones, siendo una de ellas, que el ordenamiento recién creado establece que el Juicio Político procede cuando la actuación de las personas sujetas de responsabilidad, incurran en actos y omisiones que vayan en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho, con la salvedad de que no procederá por la mera expresión de ideas.

La denuncia con los requisitos correspondientes, habrá de presentarse ante la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Congreso del Estado, anexando la documentación debida y la necesidad de su ratificación, para que solo una vez agotado este último acto, pueda ser turnada a la Junta de Coordinación Política y sea a propuesta de este último órgano que en la próxima sesión, el Pleno conforme una Comisión Jurisdiccional para que conozca del asunto.
Dicha Comisión la cual contará con cinco miembros propietarios y tres suplencias, reflejará la composición plural del Congreso. Las personas suplentes entrarán en funciones según el orden de prelación en que hayan sido designadas, y determinará la admisión, o no, de la denuncia y si amerita dar inicio al procedimiento y, en caso afirmativo, se deberá notificar a la parte denunciada .

Así mismo, se establece el plazo para el ofrecimiento de pruebas, y su admisión o no, así como la fijación del día y la hora en que deberá verificarse la Audiencia donde habrán de calificarse y desahogarse, en la cual se dictará la resolución que las admita o deseche.
Concluido el plazo para los alegatos, la Comisión formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento y emitirá un dictamen en el que se acredite, o no, la existencia de algún acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho y la responsabilidad de la persona denunciada.
Una vez que la Comisión haya remitido a la Presidencia del Congreso el dictamen, se convocará a sesión del Pleno, el cual deberá reunirse para resolver sobre la denuncia, en la cual deberán estar presentes los involucrados o sus defensas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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