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Explosión de granada deja 31 heridos en discoteca de Colombia

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Al menos 31 heridos, 11 de ellos de gravedad, dejó la explosión de una granada arrojada por dos sujetos que ya fueron capturados contra una discoteca en el municipio de Caucasia, en el noroeste de Colombia, dijeron este viernes fuentes oficiales.

El atentado fue perpetrado en la madrugada de este viernes por un hombre y una mujer contra una discoteca donde departían numerosos jóvenes de esa localidad del departamento de Antioquia, dijo a la emisora Caracol Radio el alcalde de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez.
Hay «31 jóvenes heridos, 11 de gravedad», detalló el funcionario, quien aseguró que ya hay nueve que permanecen estables.

Otras tres jóvenes fueron trasladadas a la ciudad de Montería, la capital del vecino departamento de Córdoba, una de las cuales permanece en cuidados intensivos, explicó el alcalde.

Suárez señaló como responsables del ataque a un «sicario de 23 años» que estaba «últimamente haciendo los atentados» en ese municipio y al que acusó de pertenecer a un grupo de sicarios que opera en la zona.

El burgomaestre confirmó además la captura de una mujer que presuntamente le había entregado la granada al sujeto.

«Parece ser que es por extorsión, es la información que tenemos ahora de investigación», afirmó Suárez, quien confirmó que celebrarán un consejo de seguridad en el que buscarán esclarecer si el atentado estaba dirigido contra alguna persona de otro bando.

Versiones periodísticas señalaban que el ataque pudo haber sido perpetrado por la banda criminal Clan del Golfo.

El alcalde no precisó si los presuntos responsables son oriundos de la zona, ya que el sujeto no portaba documentación, y recordó que Caucasia «es un pueblo donde converge mucha gente», pues es el «más grande de la región».

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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