Conecta con nosotros

Slider Principal

Expresidente de Perú se dispara antes de ser detenido por el caso Odebrecht

El ex presidente peruano Alan García ha fallecido tras haberse disparado en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

«La situación es muy grave», había señalado la ministra en una rueda de prensa tras indicar que García estaba siendo operado y habían conseguido reanimarlo tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.

Tomas abandonó una reunión del Consejo de Ministros para ir hasta el hospital Casimiro Ulloa de Lima tras enterarse de la condición de García.

Según reveló el ministro del Interior, Carlos Morán, el ex presidente le dijo a los policías que llamaría a su abogado desde su habitación y segundos después se escuchó un disparo.

El director del hospital, Enrique Gutiérrez, explicó que el ex gobernante presentaba un disparo de arma de fuego en el cráneo «con orificio de entrada y salida» y que todos los médicos del Casimiro Ulloa, en el distrito limeño de Miraflores, participaron en la operación.

En medio de una gran confusión, el dos veces presidente peruano (1985-1990 y 2006-2011) fue ingresado en el hospital, a donde fue trasladado por la Policía que fue a detenerlo a su casa.

Según testigos consultados por la televisión peruana García estaba cubierto por una manta roja y poco después llegó al lugar uno de sus hijos y representantes del Partido Aprista Peruano (PAP).

El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad acudieron a la casa del político, sobre el que pesaba desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.

Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el Gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del ex presidente y señalados como sus testaferros.

Además del ex ministro de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda y Construcción, Enrique Cornejo, quien horas después se entregó a la Justicia.

La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, reveló que Nava, y su hijo José Antonio Nava, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Fuente: EL Mundo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto