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Exprimera dama de Honduras es declarada culpable por corrupción

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Un tribunal determinó el martes que Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, es culpable de delitos relacionados con actos de corrupción.

La ex primera dama fue hallada responsable de tres delitos de apropiación indebida continuada y ocho delitos de fraude, por los que pasaría de 58 a 87 años en prisión.

Según el Ministerio Público, la esposa del exmandatario se apoderó de más de 12 millones de lempiras (unos 480.000 dólares), que tomó de una cuenta a nombre del Despacho de la Primera Dama y Casa Presidencial y depositó en su cuenta personal cuatro días antes de que terminase el gobierno de su esposo.

El tribunal especializado en temas de corrupción también encontró culpable al exsecretario privado del Despacho de la Primera Dama, Saúl Fernando Escobar, acusado por ocho delitos de fraude a título de autor directo.

En el caso de un tercer encausado, Mauricio Mora Padilla, cuñado de Bonilla de Lobo, fue absuelto por los ocho delitos de fraude y lavado de activos y se ordenó su inmediata libertad.

A los tres se les vincula en el caso denominado «Caja chica de la dama», que fue divulgado inicialmente por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Luego se inició una investigación con la fiscalía que duró cuatro meses y que concluyó con la captura de la ex primera dama en febrero de 2018, fecha desde la cual guarda prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, dijo a The Associated Press que los fondos transferidos a la cuenta de Bonilla fueron parte de una supuesta donación a la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama (UDECO) para la compra de uniformes y zapatos para niños de escuelas públicas que nunca se hizo.

También, según la investigación, Bonilla de Lobo, su cuñado —que fungía como director de la UDECO— y Saúl Escobar se apropiaron de 16 millones de lempiras (unos 650.000 dólares) que sacaron a través de más de 70 cheques emitidos a nueve empresas de fachada entre 2011 y 2015.

Al salir del juicio, Lobo (2010-2014) declaró a medios locales que va a presentar los recursos que dispone la ley para lograr revertir el fallo, y que podría acudir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No vamos a descansar hasta que mi Rosa esté libre”, expresó el exgobernante.

Al mismo tiempo mostró su descontento con el presidente Juan Orlando Hernández y con la MACCIH, a los que culpa de todo lo que le ocurre a su esposa.

Hernández fue presidente del Congreso Nacional durante el gobierno de Lobo, e incluso recibió el apoyo de éste para llegar a la presidencia. Pero a raíz del proceso judicial contra Bonilla de Lobo, ha señalado al gobernante de estar detrás de un complot en contra de él y de su familia, y ha pedido su renuncia.

En 2015, el hijo del exmandatario, Fabio Lobo, fue capturado en Haití y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, donde meses después fue condenado a 24 años de cárcel.

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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