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Fallecen 13 personas más por Covid-19 en la entidad

En el estado de Chihuahua trece personas más fallecieron a causa de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con el reporte que emite diariamente la Secretaría de Salud.

Siete de las personas que perdieron la vida residían en Ciudad Juárez, cinco en la capital del estado y 1 más en Nuevo Casas Grandes.

Con estos casos, suman ya 6 mil 889 las defunciones en la entidad, en lo que va del inicio de la pandemia de SARS CoV-2 en el estado de Chihuahua, de las cuales el 48 por ciento, es decir, 3 mil 344 han ocurrido en Ciudad Juárez, y el 25 por ciento en la ciudad de Chihuahua, que es el equivalente a 1,747 casos.

Con menos casos se encuentran las ciudades de Delicias con 381, Parral 266, Cuauhtémoc con 263, Camargo 100, Nuevo Casas Grandes 96, Meoqui 79, Jiménez 75 y Saucillo con 66, como los de mayor incidencia.

En cuanto a contagios registrados por COVID-19, la dependencia dio a conocer que se reportaron 129 nuevo casos, con los cuales el estado suma un total general de 67 mil 109 infecciones.

El informe de la Secretaría de Salud detalla además que se recuperaron de la enfermedad otras 166 personas, con lo que suman 55 mil 501 en esta condición, se descartaron otros 84 casos para llegar a 34 mil 511 y hay actualmente 1,801 sospechosos, 32 menos que el día anterior.

Los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Jiménez, Bocoyna, Guachochi, Aldama, Guerrero, Ascensión y Ocampo, son los que registraron aumento de contagios en las últimas 24 horas.

Además, hay actualmente 170 pacientes hospitalizados, de los cuales el 54 por ciento están en nosocomios del IMSS, 32 por ciento en el sector Salud estatal, el 8 por ciento en instalaciones de la Sedena y 3 por ciento en el ISSSTE e IMSS Bienestar.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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