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México

Falta de dinero afecta a 43% de la población

El casi 15 por ciento de la población adulta en México perdió su trabajo o negocio en los últimos doce meses (entre julio de 2020 y julio de 2021) sin poder recuperarlo. Y la expectativa de no poder sufragar los gastos del mes afectó a 43.4 por ciento de estos ciudadanos, y 11.3 por ciento manifestó incertidumbre al respecto.

Así lo reveló la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2021, elaborada por el Inegi, y agrega que más de un tercio de la población tuvo que pedir prestado para sufragar el gasto corriente de su hogar en cualquiera de los siguientes rubros: despensa, renta o alquiler, agua, luz gas o teléfono, colegiaturas y medicamentos.

El trabajo, presentado en conferencia por el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella Castell, subraya que el balance anímico alcanzó un promedio de 5.07 entre la población adulta en México en una escala de menos 10 a mas 10; donde las mujeres muestran en promedio menor balance anímico respecto a los hombres en todos los grupos de edad. La mayor brecha se observa entre hombres y mujeres de 30 a 44 años.

Colima, Sonora y Quintana Roo son las entidades con mejores balances anímicos de su población adulta mientras que en Oaxaca, Puebla y Tabasco presentan menores valoraciones en este indicador.

La proporción de población adulta con síntomas de depresión es de 15.4 por ciento , pero entre las mujeres alcanza 19.5 por ciento. La encuesta 2021 captó que 19.3 por ciento de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3 por ciento revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado.

Al finalizar la presentación, Santaella Castell pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador definir si continuará en el encargo o será relevado en el Instituto para reducir la incertidumbre.

“Nos gustaría tener una definición que redujera la incertidumbre con la que están sujetas las instituciones. En la medida en que haya más información podemos comenzar a hacer planes para las situaciones que vengan”, comentó.

Para Santaella Castell el cargo como titular del Inegi concluye el próximo 31 de diciembre, tras seis años como presidente, pero se manifiesta dispuesto a continuar. Aunque dijo que tanto él como el Instituto serán respetuosos de la decisión que tome el presidente Andrés Manuel sobre su sustituto o su ratificación.

“De cualquier manera el Inegi y un servidor seremos respetuosos de las decisiones que tome el Ejecutivo federal”. También comentó que el nombramiento de su relevo o su ratificación le traerán mejores variables de bienestar subjetivo y su balance anímico.

“Manteniéndonos dentro del contexto y las variables que maneja el Enbiare lo que puedo comentar es que está aumentando mi ansiedad y disminuye mi bienestar subjetivo y mi balance anímico”, apuntó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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