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Familia del titular de la Sedesol vendía gasolina robada

La hermana y el cuñado de Luis Miranda Nava, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y quien también es uno de los políticos más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, son propietarios de una gasolinera en el Estado de México que vendía combustible robado.

De acuerdo con un reporte de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), el pasado 25 de agosto, elementos de la Gendarmería de la Policía Federal y de la Policía Estatal arrestaron a siete personas cuando descargaban combustible obtenido de manera ilegal en la estación E 07181, en el kilómetro 2.4 de la carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco.

Esta gasolinería es propiedad de Ricardo Víctor Mercado Galán y María del Carmen Miranda Nava.

Al momento del operativo llevado a cabo en el municipio de Chapultepec, Estado de México, las personas detenidas mostraron una factura apócrifa de la compra a Pemex de 60 mil litros de combustible que eran transportados en un tractocamión y dos pipas.

Según ellos mismos, este combustible había sido “ordeñado” de ductos en San Juan del Río, Querétaro, por lo que fueron detenidos José “N”, Rigoberto “N”, Leopoldo “N”, Luis “N”, Cirilo “N”, Adolfo “N” y María “N”, quienes fueron puestos a disposición de la PGR por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

Luego de esto, el periódico Reforma encontró que la estación con razón social Super Servicio M y M, S.A. de C.V., trabaja bajo el nombre comercial del franquiciatario Easy Gas, igual que las gasolinerías Servicio Megal, S.A. de C.V., en Metepec, y Servicio Rimer, S.A. de C.V., en Santiago Tianguistenco.

Así, en el Registro Público de la Propiedad de Tenango del Valle resalta que en el acta constitutiva aparecen como dueños Mercado Galán, Miranda Nava y sus tres hijos.

Además, Mercado Galván también es accionista mayoritario en Servicio Megal y Servicio Rimer, según las actas de esas razones sociales, y actualmente se desempeña como rector de la Universidad Isidro Fabela de Toluca, fundada en 1970.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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