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Familiares de las víctimas del Metro interpusieron una denuncia colectiva ante la Fiscalía

Del Ángel de la Independencia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, familiares de las víctimas de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, acompañados de otros ciudadanos, se manifestaron y entregaron una denuncia colectiva para la reparación integral de los afectados.

“Los ciudadanos exigimos reparación integral del daño a las víctimas de las Línea 12 y garantías de no repetición, proceso penal y administrativo a los responsables”, señalaron.

Por su camino, se encontraron con miembros del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), quienes se dirigieron al Zócalo capitalino para exigir justicia sobre el accidente del Metro.

No obstante, los familiares de los afectados se deslindaron de los miembros de FRENAAA, afirmando que no quieren politizar el movimiento, sino que se haga justicia por los 26 muertos y más de 70 lesionados.

Al arribar a la Fiscalía aseguraron que no se irían hasta que aceptaran su denuncia penal, aunque, las autoridades no tardaron en recibirla, sellarla y prometerles una reunión para la siguiente semana con el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero.

Entre los presentes se encontraron los padres de las hermanas Lezama. Nancy de 23 años de edad falleció en el accidente, Tania aún se encuentra hospitalizada y con heridas graves. La familia señaló que interpondrá una denuncia por la muerte de la hija mayor y analizarán hacer otra demanda en con las demás familias afectadas. Por el momento van por su caso.

Amparos contra la CDMX por accidente del Metro
Un juez federal admitió la demanda de amparo levantada por un ciudadano en contra del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, por no haber dado mantenimiento adecuado a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, derivando en la muerte de 26 personas y lesiones en más de 70.

Dicha acción legal fue interpuesta por un ciudadano identificado como Martín Eduardo “C” el pasado 10 de mayo, una semana después del lamentable accidente de la Línea 12.

El amparo aceptado por el Juzgado Decimoquinto en Materia Administrativa reclama la “Omisión de mejorar y dar mantenimiento a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México” bajo el expediente 519/2021.

De tal modo, se fijó que el próximo 17 de junio se realice la audiencia constitucional, en donde se decidirá el procedimiento a seguir.

El ciudadano Héctor “H” también interpuso una demanda de amparo contra el gobierno capitalino por la posible falta de mantenimiento en la estación Pantitlán del Metro que conecta las líneas A, 1, 5 y 9.

El mismo juzgado federal le concedió una suspensión provisional. Dicha demanda fue levantada a raíz del accidente de la Línea 12.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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