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Familias de desaparecidos presentarán denuncia en La Haya

Familiares de personas desaparecidas de la región norte de Coahuila presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno de la entidad por delitos de lesa Humanidad.
La denuncia será presentada en dos meses y se argumenta una posible omisión de las autoridades estatales ante la masacre de Allende y la matanza en el interior del Cereso de Piedras Negras, informó Arianna García Bosques, representante legal de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.
“La hemos trabajado desde hace un año con organismos internacionales de derechos humanos, que nos asesoran en materia legal internacional y yo creo que en un par de meses estaríamos presentándola en la Corte Penal internacional”, dijo.
Guadiana denuncia en La Haya al gobierno de Coahuila
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La semana pasada, el empresario coahuilense, Armando Guadiana Tijerina, llevó hasta La Haya una denuncia contra el gobierno de Coahuila por los mismos delitos.
Al respecto, la Procuraduría de Coahuila emitió un comunicado para refutar los señalamientos y aseverar que se investigan los hechos ocurridos al interior del Cereso de Piedras Negras.
La nota de prensa subrayó que cuenta con 34 víctimas identificadas de 150 que reconoce fallecieron en ese penal y 15 personas consignadas por su presunta participación en dichos hechos que en algunos casos tienen relación con la masacre de Allende.
La representante legal de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas dijo que el juicio que se sigue en Texas, en contra Marciano Millán Vázquez, exmiembro de la delincuencia organizada, ha dejado al descubierto diversas omisiones e irregularidades que permitieron se registraran las masacres, por lo que esperarán a que se dicte sentencia contra el señalado a fin de obtener información que engrose la denuncia.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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