Opinión
Familias naturales, sin conservadores por Carlos Toulet
«Paz es aceptar las diferencias del otro«
Fieles a nuestro estilo, los mexicanos hemos sido testigos/participes en los últimos días de una querella para la cual muchos ni nos sentimos parte, pero nos vemos obligados a tener una postura al respecto. Posturas que, a favor o en contra y a diferencia de otros años, debemos de pensar, recapacitar y suavizar cada vez más.

Carlos Toulet Medina
Por: Carlos Toulet
Seamos conscientes de que el debate alrededor de matrimonios igualitarios, adopción entre parejas del mismo sexo y temas subyacentes no se aclararán en el corto o mediano plazo. No existen las plataformas de conciliación, los liderazgos ni la madurez social para aceptar los argumentos de la contraparte. Somos México, vaya. No habrá resolución pronto.
Por una parte, hablamos de un Frente Nacional por la Familia, generado alrededor de una corriente conservadora –no por ello incorrecta– que demanda básicamente que la educación de los niños en torno a la ideología de género, no ponga en riesgo las costumbres de crianza familiar que se han tenido a lo largo de los años. Por el otro, la comunidad LGTB, quienes vienen arrastrando una gran ola global de aceptación y “buena onda” por parte de todas las audiencias con las que se involucran, simplemente se defienden, con el estricto pero basto argumento, de la igualdad en derechos. No hace falta echarse un clavado a la constitución. Tienen la razón.
Para empezar y a título personal, toda nomenclatura que empiece con “frente”, “nacional” o “confederación” me suena a fascismo. La mayoría de organizaciones en México que se catalogan de esa mal-manera, casi siempre recurren a activismos anquilosados que persiguen intereses económicos o políticos muy mal matizados. No encuentro como defender o separar a este movimiento “familiar” de todos los que ahí englobo. #sorrynotsorry
Pobre en su contenido y comunicado de una forma tan primitiva, uno de los argumentos es abanderado bajo el término familia “natural”. Yo les preguntaría: ¿cómo fue que lograron ellos distinguir lo biológicamente determinado? Porque si a la conceptualización de “natural” nos vamos, para mí es algo que por su mismo significado, tolera muchas posibilidades que ni usted ni yo entendemos, la homosexualidad o bisexualidad es un ejemplo muy ADOC. Más aún creo yo, que los rasgos culturales, las verdades siempre acabarán apareciendo donde guardamos los instintos. ¿Y qué es el instinto? Lo más natural que puede tener nuestro comportamiento.
El punto clave es que los dos movimientos carecen de liderazgos trascendentes a través de los cuales las posturas puedan ser un poco más condensadas por ambas partes y el debate de verdad exista.
¿Cuándo hemos sido testigos de que las redes sociales solucionen un conflicto socio-cultural? ¡Jamás! Echan más leña a la lumbre y dividen más de lo que parece. Estas herramientas digitales claramente mal utilizadas por la mayoría, enardecen a la furia colectiva y amplifican más la brecha ideológica. Cuando hay ideas y pensamientos divergentes, descalificar al otro es muestra de suma ignorancia. Ahí radica la inexistencia de un probable acuerdo. El Bien vs El Mal – Cielo e Infierno – Cuando solo muy muy pocos, cabemos allá arriba.
Para equilibrar un poquito la cosa –y en lo personal no arder tan feo en el infierno– debemos tener plena claridad de que el matrimonio representa al estado civil de más relevancia e importancia dentro de nuestra sociedad, mismo que muchas veces se confunde con cualquier latido tardío en sus corazones. Ahí están los índices de divorcio, violencia y disfuncionalidad. Aguas!
Si bien defiendo la postura de la comunidad LGTB, LGTBI, LGTBIBF4E y añadidas, deben tener a bien considerar seriamente adoptar la prudencia y el pudor que toda sociedad requiere –sin generalizar–, considerando que la negación de lo que se es, se hace, se dice y se siente, no está a discusión. Adelante!
Fui criado en una ciudad pequeña, por una familia tradicionalista y en una institución académica católica de hueso colorado. Actualmente me rodeo de hombres y mujeres gay, a los cuales admiro y estimo de sobremanera y de los cuales tengo plena confianza viven en familia, muchas de ellas más funcionales y envidiables que cuantiosas tradicionales. Jamás me negué y me negaré a explorar las excéntricas convencionalidades que lo natural o social en este mundo pudieran presentarme. Eso hoy lo considero una ventaja.
Abrazo de gol a Donovan Carrillo, patinador mexicano, que al ritmo de Juan Gabriel conquisto Japón y que sin serlo, la raza catalogó como gay. Lo aplaudible es que mi muchacho replicó que, lo que en verdad le molestaba, era que la gente considerara el término “gay” como insulto.
El país de las marchas: tanta movilización social me hace pensar que pertenezco simultáneamente a tantas mayorías y a tantas minorías que debería marchar contra mí mismo ¿Quién se siente igual?
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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