Opinión

Faroleando. Por Raúl Saucedo

Bluf entre discursos

El póker y la geopolítica comparten una característica esencial: el arte del engaño. En ambos, el «bluf» (la capacidad de proyectar una imagen de fuerza o determinación que no se corresponde con la realidad) puede ser una herramienta poderosa para obtener ventajas.
Los líderes mundiales, al igual que los jugadores de póker experimentados, recurren al «bluf» para mejorar sus posiciones estratégicas, económicas e incluso militares.
Un ejemplo clásico es la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962. Tanto John F. Kennedy (USA) como Nikita Khrushchev (URSSS) utilizaron el «bluf» para presionar al otro. Kennedy, al imponer un bloqueo naval a Cuba, proyectó una imagen de firmeza dispuesta a llegar a la guerra. Khrushchev, por su parte, faroleó con la capacidad nuclear soviética, amenazando con una respuesta devastadora. En realidad, ambos líderes buscaban evitar un conflicto nuclear, pero el «bluf» les permitió llegar a un acuerdo que satisfizo, al menos en parte, sus intereses.
El «bluf» no se limita a situaciones de crisis. En el ámbito económico, los países pueden utilizarlo para obtener mejores condiciones en negociaciones comerciales. Un gobierno puede amenazar con imponer aranceles a productos extranjeros, a sabiendas de que dicha medida perjudicaría también a su propia economía. Sin embargo, la amenaza, si se percibe como creíble, puede ser suficiente para que el otro país ceda en sus demandas.
En el ámbito militar, el «bluf» puede consistir en exagerar la capacidad bélica propia o minimizar las debilidades. Un país puede realizar demostraciones de fuerza (desfiles militares, pruebas de misiles) con el objetivo de disuadir a potenciales adversarios. Esta estrategia, conocida como «disuasión por el miedo», se basa en la idea de que un enemigo percibido como poderoso será menos propenso a atacar.
Sin embargo, el «bluf» es una herramienta arriesgada. Si se descubre el engaño, la credibilidad del líder o del país puede verse gravemente dañada. Un «bluf» fallido puede incluso provocar el efecto contrario al deseado, incentivando al adversario a actuar de forma más agresiva.
En la era de la información, el «bluf» se vuelve aún más complejo. La proliferación de medios de comunicación y redes sociales dificulta controlar la narrativa. Un «bluf» puede ser rápidamente desmentido por periodistas, analistas o incluso ciudadanos con acceso a información.
A pesar de los riesgos, el «bluf» seguirá siendo una herramienta fundamental en la geopolítica. En un mundo donde la información es poder, la capacidad de manipular la

percepción de la realidad puede ser la clave para alcanzar los objetivos de una nación. Los líderes mundiales, como jugadores de póker con las cartas boca abajo, continuarán faroleando en el escenario mundial, buscando obtener la mejor mano posible para sus países.
La aportación de esta semana viene a colación de los últimos acontecimientos de la semana donde las declaraciones del próximo presidente de USA ha causado que el bluf internacional crezca con fines de negociación tanto económicos como militares.
A 5 semanas de que acabe el año y el próximo 20 de enero a la vuelta de la esquina, el Faroleo en el poker internacional está subiendo las apuestas, mientras tanto los jueves de flamenquito aligeran la incertidumbre de lo que viene.

@Raul_Saucedo

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.