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México

“Favorecen la repetición de los delitos”: ONU Mujeres se posicionó por exoneración a Kamel Nacif en el caso Lydia Cacho

ONU Mujeres y la ONU-DH en México se posicionaron luego de la decisión de un tribunal de Quintana Roo de exonerar al empresario textil Kamel Nacif, acusado por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, en 2005.

A través de un comunicado, ambas instituciones reiteraron en primer lugar su solidaridad con la periodista y defensora de derechos humanos, así como a las personas “que la han acompañado en su búsqueda de justicia”.

Luego, consideraron que “la atención efectiva de las situaciones de graves violaciones de derechos humanos en México necesita el compromiso de todas las autoridades”, incluidos los derechos de acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.

En este contexto, informaron que la obligación de todas las instituciones del estado mexicano “es dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso”.

“Favorecen la repetición de los delitos”: ONU Mujeres se posicionó por caso Lydia Cacho (Foto: EFE/Francisco Guasco)“Favorecen la repetición de los delitos”: ONU Mujeres se posicionó por caso Lydia Cacho (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Pero en este caso, consideraron el estado mexicano había “violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión”.

Una de las razones detrás de la consideración del Comité, fue que los tratos a Lydia Cacho “tuvieron un objetivo discriminatorio por razón del sexo, a la luz de la naturaleza de los comentarios sexuales vertidos y del trato sexualizado y violencia de género infligida”.

Por ello, consideraron importante remarcar que la obligación de las autoridades de garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en México debe incluir la investigación y sanción de acuerdo con los principios de debida diligencia de los actos que pretendan coartar estos derechos”.

El organismo consideró que favorecen “las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos” (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)El organismo consideró que favorecen “las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos” (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

La actividad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es esencial en una sociedad democrática. El propio trabajo de la señora Cacho ha demostrado la importancia del periodismo para dar a conocer los abusos cometidos desde diferentes ámbitos de poder”, consideraron en el comunicado.

Pero tras la reciente decisión de las autoridades mexicanas, los organismos de la ONU consideraron que “la impunidad en el caso de Lydia Cacho afecta a la periodista y a sus familiares”, además de favorecer “la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”.

Por último, ONU Mujeres y la ONU-DH refrendaron su disposición de “seguir brindando su asesoría y cooperación a las instituciones del estado mexicano, incluidas las instituciones judiciales, para contribuir a la efectiva incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en su actuar”.

El Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo, con mayoría de votos, otorgó en última instancia un amparo a José Kamel Nacif (Foto: Cuartoscuro)El Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo, con mayoría de votos, otorgó en última instancia un amparo a José Kamel Nacif (Foto: Cuartoscuro)

Amparo a Kamel Nacif

Un tribunal del estado península mexicano Quintana Roo otorgó un amparo al empresario Kamel Nacif, conocido como el “rey de la mezclilla”, por la orden de aprehensión que tenía en su contra por su presunta participación en los hechos de tortura de los que fue víctima la periodista y defensora de derechos humanos mexicana, Lydia Cacho, en 2005.

El Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo, con mayoría de votos, otorgó en última instancia un amparo a José Kamel Nacif. Los jueces desestimaron que haya pruebas de que el secuestro y tortura de la periodista fuera por su libro ‘Los demonios del edén’, en el que acusó al empresario de pornografía infantil.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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