La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó al Grupo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, su propósito de contribuir a esclarecer los casos en la materia.

Dicha labor será realizada de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, al tiempo que velará por la erradicación, prevención y sanción de tan aberrante conducta, indicó por conducto de su primer visitador general, Ismael Eslava Pérez.

Al participar en una reunión privada con el grupo referido, en Ginebra, Suiza, Eslava Pérez anunció que la comisión mexicana expresa su solidaridad y preocupación por quienes están desaparecidos, son víctimas y por la situación de angustia de sus familiares.

En un comunicado reafirmó el compromiso de esa instancia de incidir para que las autoridades esclarezcan los casos de desaparición forzada que se han presentado, con el fin de conocer la verdadde lo acontecido, que se haga justicia y se castigue a los responsables.

También destacó su interés en retomar la relación de trabajo con ese mecanismo temático de derechos humanos, para contribuir con la actualización de la información relacionada con las investigaciones sobre desaparición forzada de personas que le son reportadas.

Eslava Pérez reveló que la impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven en algunas partes del país, ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación discursiva o teórica que como un aspecto práctico y real.

Esas situaciones también tienen como consecuencia que se cuestionen la validez y la vigencia de las instituciones, así como los innegables avances que en materia de derechos humanos se han presentado en las últimas décadas.

El primer visitador general expuso algunas de las acciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de desaparición forzada.

Entre ellas refirió la creación del Programa de Presuntos Desaparecidos; la emisión de la Recomendación 26/2001, donde en 275 casos se demostró la existencia de desaparición forzada; las 13 Recomendaciones sobre el tema, que involucran a 37 víctimas dirigidas a diversas autoridades.

También destacó la investigación que hace en los hechos de desaparición forzada ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y otros sucesos que han derivado en diversas desapariciones.

En su presentación Ismael Eslava señaló la importancia de que sea eliminada la práctica de los agentes del Ministerio Público, por la cual las investigaciones sobre desaparición de personas se inician después de 72 horas de ocurrido el suceso.

Planteó además que a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se garantice un trabajo especializado en la materia en las agencias de Ministerio Público, así como que se dé trato digno a familiares de la víctima y se cuente con presupuesto suficiente, protocolos, técnicas y peritos expertos.

El primer visitador general del organismo mexicano destacó la importancia de contar con un protocolo específico de observancia general en el país sobre búsqueda de personas desaparecidas.

Llamo igualmente a que se adopten medidas legislativas, como la Ley General en la materia, administrativas, judiciales y de cualquier índole, para cumplir compromisos internacionales como establecer registros centrales de personas en custodia.

El estricto control de las detenciones de personas que sean puestas a disposición del agente del Ministerio Público y que los agentes policiales que hagan detenciones den aviso administrativo inmediato al Centro Nacional de Información, son otras propuestas.

El integrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mencionó también la importancia de que el Sistema de Registro de Detenidos y el Registro Administrativo de Detenciones operen de manera efectiva.

Añadió que la CNDH colabora en la revisión de un Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), que se pretende sea de aplicación nacional.

Fuente: SDP Noticias

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La Policía Federal y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, acordaron restablecer la búsqueda de los muchachos desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado.

Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó que ambas partes acordaron lo anterior durante una reunión celebrada a inicios de este mes.

Fuente: Radio Fórmula

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El pleno del Senado aprobó la reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales sobre la desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En la sesión ordinaria de este miércoles y por unanimidad, se aprobó con 104 votos la reforma a la fracción XXI, inciso a) del Artículo 73 de la Constitución, que plantea que dichas leyes deben establecer, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en esas materias, así como regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Además, una vez aprobada por la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos estatales, el Congreso de la Unión tiene que expedir la legislación dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto.

A propuesta de las comisiones dictaminadoras, la asamblea acordó incluir una modificación al Artículo Tercero transitorio del dictamen.

Con ese cambio, se precisa que continuará vigente la legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todas las entidades federativas hasta que entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la Unión.

Al presentar el dictamen, el senador priista Enrique Burgos García dijo que la enmienda constitucional representa un avance de gran relevancia para el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano con nuestra sociedad y la comunidad internacional.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que se trata de «un paso necesario e importante para que pueda expedirse la legislación general subsecuente, a fin de fortalecer normativa e institucionalmente la protección de los derechos humanos».

«Nuestro interés es siempre que la conducta ilícita penal no ocurra, y si sucede, se investigue y se juzgue conforme a derecho para que no quede impune», destacó.

Por la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth coincidió en que la reforma es una respuesta a las demandas de organismos internacionales para que México legisle sobre esa materia, pero también el reclamo social derivado de la «herida que se abrió con el caso Ayotzinapa».

Lo que se pretende, agregó, es corregir la dispersión normativa en los tipos penales, los problemas de coordinación entre las autoridades federales y estatales en la investigación y persecución del delito de desaparición forzada de personas, de tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Sólo seis de cada 291 averiguaciones previas termina en sentencia en materia de desaparición forzada de personas, y en 2013 aumentaron en 600 por ciento las denuncias sobre tortura respecto a 2003, «lo que indica que esta práctica sigue una realidad cotidiana en los procesos de investigación y en cualquier interacción que tienen los ciudadanos con respecto al poder público», expresó.

La senadora Angélica de la Peña destacó que esa reforma constitucional se basó en las propuestas presentadas por senadores y organizaciones de la sociedad, además tomó en cuenta las recomendaciones hechas por el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dijo que en el tema de la tortura, discutir si ésta es generalizada o no, parece un «debate bizantino» frente a una realidad que necesita desmontar, desde la ley, una cultura de siglos de lapidación, de palos, cercenamiento de partes, crucifixiones y otros suplicios como «el tehuacanazo, el pocito, los toques, la asfixia, las violaciones» y otros sufrimientos.

Además de desmontar esas prácticas, es indispensable castigarlas y dar rostro e identidad a las víctimas que hoy sufren, mediante la tipificación de esos delitos con conceptos penales avanzados y progresistas, enfatizó.

Fuente: El Informador

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Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentran en México investigando los casos de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que fueron atacados, secuestrados y desaparecidos en el estado de Guerrero en septiembre pasado, pidieron al Senado que apruebe este mes una reforma constitucional que reconozca la figura jurídica de desaparición forzada, hasta ahora inexistente pese a que se reportan decenas de miles de casos de personas desaparecidas.

México necesita contar rápidamente con mecanismos que cumplan los estándares internacionales con el fin de responder eficazmente al problema de los desaparecidos, juzgan los expertos. Es señalado como un país donde la situación de los Derechos Humanos es crítica: hubo más de 22.000 desaparecidos desde el 2006, entre 60.000 y 70.000 muertos, y miles de personas huyeron a Estados Unidos para escapar a la violencia.

¿A qué se debe esta grava situación, y cómo enfrentarla?

Entrevistados: Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México.

Fuente: El Exprés

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