Un periodista mexicano que trabaja en una estación radiofónica fue secuestrado en una carretera de Iguala, la ciudad de Guerrero en la que desaparecieron en septiembre pasado los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó el viernes la fiscalía estatal.

La dependencia informó que inició una investigación «por el delito de secuestro y en contra de quien resulte responsable, por la desaparición del periodista Bernardo Javier Cano Torres».

El automóvil que supuestamente conducía el comunicador fue localizado abandonado en la carretera que va de Iguala a Teloloapan, ubicada en una peligrosa zona en las montañas de Guerrero, indicó la fiscalía en un comunicado.

En los últimos días en la misma zona un candidato fue asesinado, mientras otros han sido amenazados y hay llamados a boicotear las elecciones locales en junio.

Cano Torres trabaja como coconductor de un programa en la radiodifusora ABC en Iguala, la ciudad en la que la noche del 26 de septiembre pasado fueron atacados por policías los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, tras lo cual desaparecieron 43 de ellos.

La fiscalía de Guerrero, uno de los estados más pobres del país y con una fuerte presencia de carteles de la droga, informó en un comunicado que el automóvil hallado tenía un reporte de robo.

Apenas el lunes pasado fue encontrado el cadáver del reportero Armando Saldaña Morales, quien trabajaba para una radio del estado de Veracruz (este).

México es uno de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo con más de 80 comunicadores asesinados y 17 desaparecidos en la última década, según Reporteros Sin Fronteras.

Fuente: El Economista

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La libertad de prensa en el mundo declinó a sus niveles más bajos en más de una década y en América Latina el deterioro fue más palpable en Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela, según un informe de Freedom House.

Al difundir su informe anual sobre 199 países, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Washington, dijo que los periodistas en muchas partes del mundo enfrentan restricciones impuestas por gobiernos autoritarios, terroristas, y los mismos dueños de medios con intereses mercantiles.

Los peores transgresores fueron Corea del Norte, Uzbekistán, Turkmenistán, Bielorrusia, Cuba, Siria, Irán y Crimea, mientras que los mejor calificados fueron Noruega, Suecia y Bélgica.

La organización señaló que en Ecuador, la aplicación de una ley de comunicaciones de 2013 deterioró aún más un entorno comunicacional marcado por la autocensura y la intimidación.Varios medios prominentes redujeron la frecuencia de sus producciones, modificaron sus líneas editoriales o cesaron operaciones por completo.

La calificación de Honduras desmejoró debido a la formulación de cargos penales por sedición contra un reportero político, a la aprobación de una nueva ley sobre información confidencial y al debilitamiento del periodismo crítico ante la censura oficial y un apoyo casi incondicional de los dueños de medios al gobierno.

Freedom House dijo que además de que los periodistas sufren actos de violencia de parte de gobiernos locales y pandillas, México desmejoró su calificación debido a una nueva ley que permite al gobierno rastrear a usuarios de telefonía celular y monitorear o suspender telecomunicaciones durante protestas.

Aunque permaneció entre los países con prensa libre, Estados Unidos desmejoró su calificación debido a los maltratos sufridos por periodistas que cubrían las protestas en Ferguson, Misuri, y porque el gobierno del presidente Barack Obama ha empleado ocho veces una ley de 1917 para formular cargos por presuntas filtraciones de información confidencial, más que todos los gobiernos previos juntos.

En general, Freedom House dijo que solo el 14 por ciento de la población mundial vive en países libres “donde la cobertura de noticias políticas es robusta, la seguridad de los periodistas está garantizada, la intrusión del estado es los medios es mínima, y la prensa no es sujeta de presiones legales onerosas o económicas”.

Voz de América

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves el asesinato en México del periodista Alberto López Bello y exigió al gobierno investigar el caso e implementar una política mejorada que evite la violencia contra los periodistas.

López Bello, de 28 años, periodista de la fuente policial del diario El Imparcial y colaborador de Radiorama en el estado sureño de Oaxaca, fue encontrado muerto la madrugada del miércoles.

Junto al cadáver de López Bello se hallaba el cuerpo de un policía del municipio de Oaxaca, de 26 años.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó que “casos como este demuestran la inefectividad y fragilidad de las políticas del gobierno en asegurar la integridad física de los periodistas y para sancionar a los responsables de los delitos”.

Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, agregó que “la ineficacia de la ley de protección y la lentitud para castigar los ataques y actos de violencia contra medios y periodistas en México, reduce cada vez más la oferta informativa que reciben los ciudadanos en zonas del país afectadas por el crimen organizado, ya que por temor a represalias los medios y los periodistas se ven obligados a practicar la autocensura como acto de sobrevivencia”.

El 18 de mayo, López Bello fue detenido por policías estatales junto con Jacobo Robles, también periodista de El Imparcial, mientras tomaban fotografías a una manta aparentemente colocada por el crimen organizado en un puente peatonal, cerca del aeropuerto local, según el comunicado de la SIP, divulgado en Miami, donde tiene su sede el organismo patronal de medios.

En aquella oportunidad los oficiales les retiraron el equipo y sus teléfonos, y fueron trasladados al cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública en Santa María Coyotepec, donde los ficharon y luego los llevaron a la Procuraduría General de la República de Oaxaca.

Cinco horas después, el Ministerio Público los liberó tras determinar que su detención fue ilegal.

La SIP denunció que en los últimos meses en Oaxaca se ha reportado un incremento en la presencia del narcotráfico, que hasta hace poco no afectaba a la capital estatal.

México se convirtió en los últimos años en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo con al menos 84 informadores asesinados y 20 más desaparecidos desde 2000, según la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fuente: La Patilla

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Los fiscales federales en Estados Unidos ya no podrán obtener órdenes de búsqueda de información obtenida por periodistas, a menos que los reporteros sean los sujetos de la investigación criminal, informó el Departamento de Justicia este viernes.

Se trata de un cambio clave en las directivas derivadas de las controversiales investigaciones federales sobre filtraciones de información clasificada, que dieron lugar a intentos de fiscales por obtener los registros de los periodistas reportando asuntos de seguridad nacional.

En respuesta, el secretario de Justicia, Eric Holder, realizó una revisión de la política de la agencia e informó al presidente Barack Obama sobre sus planes de cambios durante esta mañana.

El vocero de la Casa Blanaca, Jay Carney, dijo que Obama aceptó el informe de Holder, después de una junta con ejecutivos de noticias y una orden presidencial para atender el asunto.

El cambio en el Departamento de Justicia ocurre en medio de intentos del gobierno estadounidense por procesar al excontratista Edward Snowden, acusado de filtrar a periodistas información sobre programas de vigilancia del gobierno en Estados Unidos.

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