La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atraer el caso de la periodista Carmen Aristegui, quien se enfrenta a una batalla legal con la empresa MVS Radio.

Ninguno de los ministros de la Primera sala atrajó el caso para que se resolviera en la Corte con el objetivo de que sea restituida en el espacio noticioso, tras una hora de discusión.

En la sesión privada de la Segunda sala, los ministros tampoco atrajeron la petición, por lo cual deberá ser un tribunal colegiado en materia administrativa quien resuelva si da razón a Aristegui o a MVS, luego de una reunión sin acuerdos el 21 de mayo entre las partes.

MVS demandó a la periodista por uso indebido de contenidos y violación de la propiedad intelectual e industrial, así como derechos de autor, uso de recursos sin autorización y comprometer a la empresa.

En total, ninguno de los 10 magistrados, repartidos entre las dos salas de la Corte, se inclinó a favor de la queja derivada del caso.

La Primera Sala está integrada por los ministros José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, mientras que la Segunda Sala la componen Juan Silva Meza, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Alberto Pérez Dayán y Eduardo Medina Mora.

Con información de El Universal y La Jornada

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Christopher Raymundo Márquez fue asesinado la semana pasada en Chihuahua por sus tres primos y dos vecinos mientras «jugaban a los secuestradores». El menor, de seis años, recibió 27 puñaladas y la extirpación de ojos y mejillas. La madre de la víctima, Tania Mora, exige justicia.

El lunes pasado se informó que dos de los cinco jóvenes serán detenidos y juzgados por una pena máxima de 10 años y el resto quedará en libertad tutelada.

«Me siento muy orgullosa de haber tenido un hijo maravilloso. Después de lo que ocurrió, le juré que no voy a parar hasta que se haga justicia», expresó la madre.

«Me siento impotente porque ni siquiera pude ver el cuerpo de Christopher; me impidieron que lo viera por lo lastimado que estaba. Me entregaron su cadáver sellado», dijo.

Acompañada de su abogado, Víctor Tadeo, la mamá dio a conocer que el próximo jueves se llevará a cabo un juicio oral a puerta cerrada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán, Chihuahua, donde los cinco asesinos darán testimonio del homicidio.

Los agresores son menores de edad (dos tienen 15 años, dos niñas 13 y otro de 12), pero a pesar de su corta edad actuaron con «saña y violencia», dijo el litigante.

Por ello, anunció que llevarán el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Vecinos de la colonia Laderas de San Guillermo reconocieron que los menores implicados realizaban actos vandálicos en las casas abandonadas del fraccionamiento, las cuales fueron incendiadas.

Además, declararon que realizaban «ritos para adorar al demonio, por lo que mataban animales». Incluso, MILENIO realizó un recorrido por las viviendas deshabitadas y constató que hay pintas: «Gracias a Satan (sic) y a Luzbel»; las cuales son atribuidas a los agresores.

Una vecina, que prefirió omitir su nombre, dio a conocer que el día de la desaparición de Christopher, la prima del menor invitó a éste un antojito y horas después se dio a conocer su desaparición. Un día después le pregunté por él y me dijo que lo vio por la ferretería.

La maestra de Christopher Raymundo Márquez, Denisse Flores, declaró que era un niño alegre y quería ser policía. Dos años atrás, vivió el luto de su padrastro y era muy servicial con uno de sus hermanos, quien es discapacitado.

«Era un alumno muy carismático, sociable, platicador, coqueto, trabajador y servicial, por lo que lo vamos a extrañar», expresó.

Habitantes de Chiahuahua marcharán el sábado para pedir justicia.

Fuente: Milenio

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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril.- Tras un intenso debate y tres sesiones de discusión, el arraigo en casos de delitos graves fue finalmente avalado por la mayoría de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El arraigo en casos de delitos graves fue finalmente avalado por la mayoría de los ministros que integran la SCJN

Sin embargo, una gran parte de los ministros reconocieron que dicha figura jurídica, que permite a la PGR solicitar a un juez el arraigo hasta por 40 días del sospechoso en delitos federales graves, restringe gravemente la libertad de las personas y puede llegar a atentar contra los derechos humanos.

Incluso hubo quienes admitieron no simpatizar con el uso del arraigo, el cual fue defendido por el ministro Eduardo Medina Mora, pero lo consideraron necesario para así abonar al derecho de las víctimas a la justicia.

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Ciudad de México.- Ministros de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgaron amparo liso y llano a 11 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) que participaron en el operativo de la discoteca «New’s Divine», en junio de 2008, y donde fallecieron 12 jóvenes en una estampida humana, supuestamente provocada por los elementos policíacos.

A seis años de esa tragedia, ayer los ministros se manifestaron al respecto de la responsabilidad penal de los 11 elementos policíacos que participaron en el operativo, indicaron que ese trágico hecho, no podía ser imputado a los policías que estaban fuera del establecimiento y formaban un muro de contención, por lo que determinó otorgar el amparo liso y llano a los quejosos.

La Primera Sala señaló que la muerte de los 12 jóvenes así como las lesiones provocadas a por lo menos otras siete personas, se debió a que muchos de los jóvenes que estaban dentro del establecimiento se comenzaron a acumular en un pequeño túnel aledaño a la puerta principal y permanecieron ahí, atrapados durante aproximadamente 10 minutos.

Los ministros advirtieron que esa acumulación de personas no fue provocada por los policías que se encontraban fuera del establecimiento, sino que la misma se debió a tres factores fundamentales: el cierre de la puerta por donde salían los jóvenes durante las primeras etapas del operativo, a causa de ciertos disturbios que tuvieron lugar al exterior del establecimiento; la presión sobre los jóvenes para que abandonaran el lugar, ejercida por los policías que se encontraban dentro del establecimiento; y la decisión de apagar las luces y el aire acondicionado del lugar, lo que ocasionó una falta de aire y generó un ambiente sofocante.

En este contexto, derivado de la presión ejercida por los jóvenes atrapados, una de las puertas del lugar se venció y provocó que algunas de las personas más cercanas a la entrada fueran proyectadas hacia el exterior y cayeran al suelo, siendo pisoteadas por una multitud de personas que salía intempestivamente del establecimiento; razón por la que varios elementos de la SSP-DF conformaron una contención humana en torno a esta sección de la puerta, la cual se mantuvo por un lapso de aproximadamente 3 minutos, con el objetivo de controlar la salida de los jóvenes para evitar que se causaran daños a las personas que se encontraban en el suelo. –

Fuente: El Sol de México

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió el expediente de un juez que dejó en libertad al ex jefe del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y solicitó un informe al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre la actuación de los magistrados que fallaron a su favor, con lo cual se interrumpió una sentencia por asesinato de un agente de la DEA y narcotráfico de 40 años.

Fuentes de la Suprema Corte de Justicia indicaron que los ministros lo revisarán para saber si los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Unitario y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos del Estado de Jalisco, que fallaron a favor de Caro Quintero, procedieron conforme a derecho al beneficiar al capo sinaloense.

Caro Quintero abandonó la cárcel el viernes pasado, cuando los magistrados determinaron que por no ser el agente de la DEA asesinado, Enrique Camarena Salazar, diplomático ni personal consultar, no podía haber sido juzgado por un tribunal federal, sino por uno del fuero común. Al señalar que hubo un error procesal, lo dejó en libertad.

-Los primeros sorprendidos fuimos nosotros –declaró ayer el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al confirmar que espera saber a detalle tanto los argumentos de la defensa como los elementos en los cuales se basaron los juzgadores.

“No quiero prejuzgar”, aclaró cuando se le pidió su opinión personal. Esperará estudiar a profundidad para formar o emitir un juicio, agregó.

-Ahora todo mundo puede argumentar errores en el debido proceso para salir libre –se le dijo.

No, rechazó el togado, “hay de errores a errores en el debido proceso” y de haberlos no suponen la liberación inmediata del procesado. Por eso rechazó la liberación masiva de indiciados.

Regularmente, explicó, esta decisión judicial lleva a la reposición del procedimiento. Es decir, un nuevo juicio donde se eliminen las fallas detectadas y se den validez a las pruebas de cargo y descargo presentadas.

El ministro Zaldívar Lelo de Larrea rechazó cualquier comparación entre los juicios de amparo por fallas procesales entre Rafael Caro Quintero y Florence Cassez. “Son cosas totalmente distintas”, puntualizó.

La francesa no tuvo acceso a la defensa, no contó con protección consular y se escenificaron los delitos con alternaciones. Con el famoso capo mexicano la justicia argumentó habérsele procesado en un fuero federal delitos del fuero común.

Remitió a los criterios dictados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de junio pasado tras revisar ocho juicios de amparo, donde a la letra se establece:

“Conexidad de delitos. La facultad del juez de Distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el código penal federal”.

Agregó:

“Esencialmente se determinó que la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde éste se hubiere cometido (local), a menos que se surtiera alguna causal por la que éste debiera considerarse del orden federal”.

En consecuencia, asentó la sala por mayoría de votos, “ante el incorrecto ejercicio de dicha competencia constitucional, tendría que ordenarse la reposición del procedimiento, únicamente para el efecto de que las autoridades jurisdiccionales federales, procedieran a la adecuación típica de sus resoluciones, mediante la aplicación tanto de normas federales y locales, según corresponda en cada caso concreto en atención a la naturaleza del delito”.

Hecho lo anterior, concluye, “continuaran con la tramitación del procedimiento hasta su finalización, sin que el amparo implique la libertad de ninguno de los quejosos”.

Revisarán la liberación

La liberación de Rafael Caro Quintero exhibe un ridículo de la justicia mexicana y abre un riesgo: la excarcelación masiva de grandes criminales.

El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se declara sorprendido por cómo se condujo el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Estado de Jalisco.

“Le llaman errores de procedimiento… Con eso cualquiera puede salir libre”, reflexiona con movimientos de lado a lado de la cabeza y ojos grandes tras sus anteojos.

-Como El Mochaorejas (Daniel Arizmendi López, famoso multisecuestrador detenido en Cuernavaca en agosto de 1998)…

-Póngale el nombre que quiera. Yo no recuerdo los nombres, pero todos pueden salir –responde.

Carrancá y Rivas se retira entre interjecciones:

-¡Qué lamentable! ¡Qué ridiculez de la justicia!

Pero celebra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre a la revisión del expediente y de la actuación del juez que ordenó la liberación de Caro Quintero.

Por 24 Horas

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