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Chihuahua

Feminicidios en Ciudad Juárez: Una historia sin final

Las cruces de color rosa ubicadas en algunos sectores de Ciudad Juárez, en Chihuahua, parecen haber perdido el sentido que tuvieron en su momento como símbolo para pedir justicia por la desaparición y muerte de cientos de mujeres.

Han pasado más de 20 años desde que se registró el primer caso y las historias de cómo se esfuma el rastro de algunas jóvenes, como si se las hubiera tragado la tierra, continúan. Sigue siendo común encontrarse con una madre que intenta dar la descripción más precisa de cómo iba vestida su hija la última vez que la vio, pero el final de las historias no siempre es el que esperan.

María Luisa García Andrade da cuenta de eso.

En el 2001 su hermana Alejandra, de 17 años, desapareció. Fue encontrada violada y asesinada tras haber permanecido una semana secuestrada. Hoy María Luisa o Malú, como la llaman las familias de otras mujeres que tuvieron la desdicha de ser parte de las trágicas cifras del feminicidio en Ciudad Juárez, recuerda la historia. La suya y la de otros cientos de personas que, a través de la asociación Nuestras hijas de regreso a casa, han llegado a ella para sentir que no están solas en la lucha contra la impunidad.

“Parece que nos hubiéramos acostumbrado a perder a nuestras niñas y que eso fuera lo normal… En México, el día a día nos demuestra que la corrupción en las autoridades es la principal arma de los violentos… El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa nos recuerda nuevamente el paradigma de los desaparecidos en México”, las frases se atropellan sin necesidad de preguntas, mientras cuenta por qué decidió ser la protagonista del libro De regreso a casa (Ediciones Península).

Malú dice que repetir lo que sigue ocurriendo en Ciudad Juárez, recordar a las jóvenes, exigir justicia y reprochar la impunidad “debe servir para presionar a las autoridades y que se esclarezcan los hechos”.

Aunque eso pueda significar poner en riesgo su propia seguridad, que ya se ha visto amenazada, por lo que tuvo que abandonar Ciudad Juárez y por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió en 2008 decretar medidas cautelares para protegerla a ella y a su madre.

El baile de cifras

Según las cifras oficiales, desde que se destaparon los primeros casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en 1993, han sido cerca de 100 los casos registrados. Según las historias y los archivos, algunos ya olvidados, la cifra supera los 500.

Por eso, “existe la necesidad de alzar la voz, una vez más”, dice Malú, que debido a su interés en el tema logró una beca de la Fundación Ford para estudiar Derecho. Ahora es abogada y tiene un diplomado en derechos humanos.

“Encontrarse con funcionarios que nos hablan en un lenguaje que no entendemos y que es la excusa para negarnos nuestros derechos, me motivó a aprender de leyes”, dice. Y es justamente ahí donde se encuentra una de las mayores dificultades para clasificar las cifras de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Allí no está tipificado el feminicidio como delito en el Código Penal.

El año pasado, la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República de México aprobó un acuerdo para pedir al Congreso de Chihuahua tipificar ese tipo de crímenes. La comisión señalaba que solo así “se garantizaría el derecho al acceso a la justicia, la vida y la dignidad a las mujeres”.

Malú lo sabe. Y aunque en el caso de su hermana no hubo responsables, no duda que el esfuerzo de varias ONG’s tendrá algún día un resultado.

“Las voces que se han unido para pedir justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa ha permitido que desde fuera de México se haga presión y que las autoridades actúen y ya haya detenidos”, dice Malú, que asegura que si tuviera que ponerle un título a su historia personal sería De regreso a casa. “Aunque mi hermana no regresará jamás, sueño con volver a mi ciudad, la que tuve que dejar por la violencia”.

Fuente: Vanguardia

Chihuahua

Exigen diputados investigar el “huachicoleo” de agua en el río Conchos; acusan impunidad y omisión oficial

La extracción ilegal de agua en el municipio de San Francisco de Conchos llegó al Congreso del Estado. La 68 Legislatura de Chihuahua aprobó este lunes una proposición para solicitar a diversas autoridades federales y estatales que investiguen y sancionen el desvío no autorizado del recurso hídrico en el río Conchos, una práctica que, según denuncias ciudadanas y reportes de medios locales, se ha vuelto sistemática y organizada.

La propuesta fue presentada por el diputado Arturo Zubía Fernández, quien expuso que en comunidades del municipio se han detectado bombas instaladas directamente en la corriente del río, operadas sin permisos legales y al servicio de grandes productores agrícolas. Esta práctica, denunció, está dejando sin agua a familias enteras y ha afectado incluso a escuelas primarias, cuyos estudiantes deben llevar agua desde casa para realizar tareas básicas como la limpieza de baños.

El Congreso también aprobó una moción del diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo para incluir en la investigación a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y a la Fiscalía General del Estado, además de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estas extracciones ilegales no solo violan la legislación en materia de aguas nacionales, sino que además privan a las comunidades de un recurso esencial para su subsistencia”, denunció Zubía desde tribuna.

El legislador advirtió que el problema trasciende la ilegalidad: representa una amenaza directa para la sustentabilidad ambiental y genera tensiones sociales que ponen en riesgo la paz y la seguridad en la región. En su exposición, señaló que el desvío del agua no es un fenómeno espontáneo, sino que responde a una lógica de organización, impunidad y, en muchos casos, complicidad por omisión de las autoridades.

“El problema del huachicoleo de agua en Chihuahua refleja un patrón nacional que demanda atención urgente y acciones coordinadas del Estado mexicano. No se trata únicamente de un conflicto por recursos naturales, sino de una crisis de gobernanza, de legalidad y de justicia social”, sostuvo el diputado.

Ante esta situación, los legisladores locales urgieron a las autoridades competentes a actuar de inmediato para investigar los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones previstas en la ley. Además, exigieron la implementación de mecanismos de vigilancia y control más efectivos para evitar nuevas extracciones clandestinas y garantizar el acceso equitativo al agua para todas las comunidades.

La propuesta fue aprobada por mayoría y turnada a las instancias correspondientes. Mientras tanto, las familias afectadas en San Francisco de Conchos siguen esperando agua potable y justicia.

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