Chihuahua
Feminicidios en Ciudad Juárez: Una historia sin final
Las cruces de color rosa ubicadas en algunos sectores de Ciudad Juárez, en Chihuahua, parecen haber perdido el sentido que tuvieron en su momento como símbolo para pedir justicia por la desaparición y muerte de cientos de mujeres.
Han pasado más de 20 años desde que se registró el primer caso y las historias de cómo se esfuma el rastro de algunas jóvenes, como si se las hubiera tragado la tierra, continúan. Sigue siendo común encontrarse con una madre que intenta dar la descripción más precisa de cómo iba vestida su hija la última vez que la vio, pero el final de las historias no siempre es el que esperan.
María Luisa García Andrade da cuenta de eso.
En el 2001 su hermana Alejandra, de 17 años, desapareció. Fue encontrada violada y asesinada tras haber permanecido una semana secuestrada. Hoy María Luisa o Malú, como la llaman las familias de otras mujeres que tuvieron la desdicha de ser parte de las trágicas cifras del feminicidio en Ciudad Juárez, recuerda la historia. La suya y la de otros cientos de personas que, a través de la asociación Nuestras hijas de regreso a casa, han llegado a ella para sentir que no están solas en la lucha contra la impunidad.
“Parece que nos hubiéramos acostumbrado a perder a nuestras niñas y que eso fuera lo normal… En México, el día a día nos demuestra que la corrupción en las autoridades es la principal arma de los violentos… El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa nos recuerda nuevamente el paradigma de los desaparecidos en México”, las frases se atropellan sin necesidad de preguntas, mientras cuenta por qué decidió ser la protagonista del libro De regreso a casa (Ediciones Península).
Malú dice que repetir lo que sigue ocurriendo en Ciudad Juárez, recordar a las jóvenes, exigir justicia y reprochar la impunidad “debe servir para presionar a las autoridades y que se esclarezcan los hechos”.
Aunque eso pueda significar poner en riesgo su propia seguridad, que ya se ha visto amenazada, por lo que tuvo que abandonar Ciudad Juárez y por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió en 2008 decretar medidas cautelares para protegerla a ella y a su madre.
El baile de cifras
Según las cifras oficiales, desde que se destaparon los primeros casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en 1993, han sido cerca de 100 los casos registrados. Según las historias y los archivos, algunos ya olvidados, la cifra supera los 500.
Por eso, “existe la necesidad de alzar la voz, una vez más”, dice Malú, que debido a su interés en el tema logró una beca de la Fundación Ford para estudiar Derecho. Ahora es abogada y tiene un diplomado en derechos humanos.
“Encontrarse con funcionarios que nos hablan en un lenguaje que no entendemos y que es la excusa para negarnos nuestros derechos, me motivó a aprender de leyes”, dice. Y es justamente ahí donde se encuentra una de las mayores dificultades para clasificar las cifras de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Allí no está tipificado el feminicidio como delito en el Código Penal.
El año pasado, la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República de México aprobó un acuerdo para pedir al Congreso de Chihuahua tipificar ese tipo de crímenes. La comisión señalaba que solo así “se garantizaría el derecho al acceso a la justicia, la vida y la dignidad a las mujeres”.
Malú lo sabe. Y aunque en el caso de su hermana no hubo responsables, no duda que el esfuerzo de varias ONG’s tendrá algún día un resultado.
“Las voces que se han unido para pedir justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa ha permitido que desde fuera de México se haga presión y que las autoridades actúen y ya haya detenidos”, dice Malú, que asegura que si tuviera que ponerle un título a su historia personal sería De regreso a casa. “Aunque mi hermana no regresará jamás, sueño con volver a mi ciudad, la que tuve que dejar por la violencia”.
Fuente: Vanguardia
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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