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México

Feministas piden alerta de género para la Ciudad de México

Para prevenir y detener la violencia contra las mujeres, las organizaciones Las Aquelarre y la Asociación de Psicólogos Feministas, AC (Sorece) exigen a las autorizadas federales declarar la Alerta de Género en la Ciudad de México.

En entrevista, la integrante de “Las Aquelarre”, Adriana Lecona, informó que cifras de violencia de género de 2016 colocan a la Ciudad de México en el lugar número 1 de violencia contra las mujeres, por encima de la media nacional.
En la Ciudad de México ocho de cada 10 mujeres reportan haber tenido un episodio de violencia en su vida, entonces la media nacional es de 66.1, o sea, seis de cada 10; los niveles de violencia están muy altos, pero también los niveles de impunidad; y del 100 por ciento de los agresores, sólo uno por ciento es sentenciado, y esa situación nos coloca en riesgo», añadió.

Dijo que se tienen que implementar ya medidas de prevención para evitar que la espiral de violencia siga en aumento, y dejar de tener un contexto envuelto en violencia de género que se llegue a ver cómo “lo normal”; también consideró indispensable facilitar el acceso a la justicia.

Al presentar, con Carla Hernández y Briseida Hermenegildo, la campaña permanente, La Violencia de Género Vive en Nosotras, indicó que, en septiembre de 2017, las organizaciones civiles Justicieros a pro Persona, A.C, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria solicitaron la alerta de género a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Indicó que lo que piden al Gobierno de la Ciudad de México es que conozcan y acaten diversas medidas que se deben aplicar para cambiar las estructuras de las instituciones, a fin de combatir la violencia de género.

La campaña La Violencia de Género Vive en Nosotras es de carácter permanente y tiene como principal objetivo dar a las mujeres las herramientas para que se defiendan, sepan dónde acudir, cuáles son sus derechos, y pedir apoyo psicológico a través de Sorece.

Las activistas señalaron que a través de redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter difundirán durante cinco semanas un video de testimonios de víctimas de violación, violencia psicológica, maltrato físico, y no sólo a las madres, sino también a las hijas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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