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México

Fernández Noroña ofrece disculpa pública a magistrados y no a diputada que agredió

A pesar de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obliga al diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña a ofrecer una disculpa pública a la panista Adriana Dávila, él legislador ignoró dicha orden y en su lugar dirigió una disculpa a dos magistrados.

En octubre del 2019, Fernández Noroña llamó “bocona” a la diputada del PAN y la vinculó con la trata de personas y, pese a que se disculpó por este último argumento, no se retractó al respecto del insulto y aseguró que el INE está violentando en su libertad de expresión.

“Hoy en la tarde traté el tema largamente y cometí una injusticia grande en un comentario y estoy obligado a ofrecer una disculpa pública, porque dije que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y la magistrada (sic) Indalfer Infante González habían sido parte de los mapaches electorales de cuello blanco que desde la burocracia del tribunal electoral, puestos por el PRI y el PAN, pretenden infamarme con la calificación de violento contra las mujeres, que es un eufemismo el de violencia política de género”, dijo.

Asimismo, arremetió contra los magistrados José Luis Vargas, Janine Otálora, Juan Carlos Silva y Felipe de la Mata, acusándolos de aprobar una resolución “infamante” en su contra.

Lo anterior porque los magistrados le advirtieron que, de negarse a ofrecer la disculpa pública, será incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, lo cual le impediría participar como candidato en las elecciones de junio.

Ante esto, Fernández Noroña difundió en redes sociales un video titulado “ofrezco una disculpa pública”, en el cual repitió los señalamientos contra Dávila que a juicio de las autoridades electorales constituyen violencia política de género.

Cabe mencionar que la afectada, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, afirmó que continuará con el procedimiento en la Cámara de Diputados sobre la denuncia a su colega Gerardo Fernández Noroña por violencia de género, ya que, “violentadores como él no reconocen sus actos y se justifican”.

“Esto no tiene nada que ver con Adriana Dávila, sino con todas las mujeres del país, para que se haga uso de las instituciones y se le diga a los violentadores que deben saber hay consecuencias por lo que decimos y hacemos, las palabras en la política pesan y lastiman”, aseveró la legisladora en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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