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FGR abrió investigación contra José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams tras denuncias

La Fiscalía General de Justicia de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, luego de que se presentaran denuncias por posibles hechos de corrupción y delitos relacionados con la renta de una casa ubicada Houston, Texas, la cual, de acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), podría estar ligada a presuntos conflictos de interés.

Esto luego de que se diera a conocer que dicha mansión es propiedad de un exejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual trabaja en algunos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el actual gobierno.

Según el medio digital, Animal Político, autoridades federales confirmaron la apertura de dicha carpeta de investigación a partir de las denuncias que el Ministerio Público Federal ha recibido. Cabe señalar que una de ellas fue la que hizo el PAN el pasado 3 de febrero.

De hecho Julen Rementería del Puerto, senador del Partido Acción Nacional (PAN), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) ser “implacable” ante la denuncia presentada por su partido en contra del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Según dicho medio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, se encargará de llevar el caso, y actualmente está elaborando el plan de investigación que se llevará a cabo en este caso y definiendo la información que será solicitada a diversas entidades.

La investigación inició dadas las denuncia presentadas ente el Ministerio Publico, el cual tiene la obligación dar seguimiento a las mismas, sin embargo, no prejuzga que se hayan cometido los presuntos delitos. Asimismo, de llegar a encontrar elementos que pudieran acreditar un delito, se presentarían las imputaciones correspondientes ante un juez, y de no ser el caso, se cerraría la indagatoria.

El caso de la “Casa Gris”
“El que nada debe, nada teme (…) Si van a presentar denuncias, que le den curso”, comentó este 21 de febrero, en en su conferencia matutina el presidente López Obrador, tras asegurar que “no tendría problema” en comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en caso de iniciarse un proceso contra José Ramón.

El pasado 20 de febrero, el periodista Julio Astillero compartió unos documentos en los que se probaría la validación del contrato de arrendamiento entre Carolyn Adams y Keith y Lauren Schilling, información que podría desechar la teoría de un presunto delito por parte del hijo del mandatario mexicano.

Aunado a ello, José Ramón López Beltrán también compartió las copias de los contratos e indicó que con estas presuntas pruebas “se desmiente la campaña contra la familia del hijo de AMLO”.

Cabe aclarar que Astillero indicó que dicha información aún deben de pasar por una prueba de confirmación, es decir, explicó que lo ideal sería que se muestre la validación del contrato y del pago mensual que se dieron entre agosto de 2019 y julio de 2020, fecha en la que dura el contrato que se mostró.

En medio de la polémica, este 21 de febrero, un informe entregado a la Cámara de Diputados, el pasado 20 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó casi de 40 mil millones de pesos en irregularidades de la Cuenta Pública 2020, correspondiente a la suma de dos entregas anteriores. Ante ellos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que dicho informe “es preliminar”, y dijo, las cifras se aclararán conforme las siguientes ediciones.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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