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FGR busca extraditar a García Luna

Published

hace 5 años

Nov 29, 2020

Edicion

Por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, un juez federal con sede en Toluca, Estado de México, libró una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) busca su extradición.

La FGR documentó que García Luna posee bienes inmuebles valuados en 27 millones de pesos cuyo origen no logró comprobar.
Las investigaciones de la FGR han arrojado que este enriquecimiento probablemente ilícito, no coincide con lo que el exfuncionario percibió en su paso por cargos públicos en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en cuanto a salarios y otros ingresos.

Además, García Luna tiene una investigación más, abierta por otros delitos patrimoniales que tienen que ver con empresas y asignación de contratos de varios gobiernos.

El exfuncionario actualmente se encuentra en los Estados Unidos sujeto a proceso por acusaciones de nexos con el narcotráfico.

La orden de aprehensión habría sido emitida el viernes por la FGR y es resultado de las investigaciones de la dependencia federal, pero se podrían emitir acusaciones nuevas que se sumarían a las anteriores de comprobársele relaciones de cooperación con algún cártel.

¿De qué se le acusa?
Genaro García Luna, fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y ha sido acusado de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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segundoasegundo

El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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