La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución que impide la aprehensión del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se busca revertir la suspensión provisional concedida por el juez Faustino Gutiérrez Pérez para que el tamaulipeco no sea capturado por algún delito que no amerite la prisión preventiva.
En paralelo ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier, pidió a la presidenta de ese órgano del Congreso, Dulce María Sauri, que presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)una controversia constitucional en contra de la legislatura de Tamaulipas por no acatar el desafuero del gobernador de la entidad.
En un documento de más de 30 cuartillas, la Jucopo expone que el Congreso de Tamaulipas violó diversos artículos de la Carta Magna al trasgredir la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia contra servi-dores públicos acusados de ilícitos.
Se argumenta que el pasado 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, aprobó por mayoría quitar el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca, como solicitó la FGR y lo comunicó al Congreso de Tamaulipas, “para los efectos de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución”.
Sin embargo, el Congreso tamaulipeco, a través de un acuerdo, hizo una “interpretación incon-gruente del artículo 111 al pretender la homologación de una determinación que ya surtió plenos efectos, como fue el desafuero y cuya obligatoriedad deriva de la ley fundamental. La legislatura local desconoció el alcance de ese artículo y del 74, en el que se establece que es “inatacable” la resolución de la Cámara de Diputados en materia de declaraciones de procedencia.
La Jucopo pide a Sauri presentar esa controversia constitucional “para defender los intereses de la Cámara de Diputados”.
Por otra parte, el juez Gutiérrez Pérez fijó a García Cabeza de Vaca el pago de una garantía de 100 mil pesos y programó la audiencia incidental para el 7 de junio, cuando decidirá si concede la suspensión definitiva. Deberá resolver si cuando la FGR solicitó la orden de captura el juzgador que la otorgó lo hizo de manera correcta.
Lo anterior, porque Juan Luis González Alcántara, ministro de la SCJN, desechó una controversia constitucional en la que debía resolver si bastaba con la decisión del Congreso federal o se requería el acompañamiento del Congreso de Tamaulipas para el desafuero.
El gobernador tamaulipeco es acusado por la FGR de delincuencia organizada y lavado de dinero.
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