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México

FGR impugna recurso que impide la detención de García Cabeza de Vaca

La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución que impide la aprehensión del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se busca revertir la suspensión provisional concedida por el juez Faustino Gutiérrez Pérez para que el tamaulipeco no sea capturado por algún delito que no amerite la prisión preventiva.

En paralelo ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier, pidió a la presidenta de ese órgano del Congreso, Dulce María Sauri, que presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)una controversia constitucional en contra de la legislatura de Tamaulipas por no acatar el desafuero del gobernador de la entidad.

En un documento de más de 30 cuartillas, la Jucopo expone que el Congreso de Tamaulipas violó diversos artículos de la Carta Magna al trasgredir la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia contra servi-dores públicos acusados de ilícitos.

Se argumenta que el pasado 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, aprobó por mayoría quitar el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca, como solicitó la FGR y lo comunicó al Congreso de Tamaulipas, “para los efectos de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución”.

Sin embargo, el Congreso tamaulipeco, a través de un acuerdo, hizo una “interpretación incon-gruente del artículo 111 al pretender la homologación de una determinación que ya surtió plenos efectos, como fue el desafuero y cuya obligatoriedad deriva de la ley fundamental. La legislatura local desconoció el alcance de ese artículo y del 74, en el que se establece que es “inatacable” la resolución de la Cámara de Diputados en materia de declaraciones de procedencia.

La Jucopo pide a Sauri presentar esa controversia constitucional “para defender los intereses de la Cámara de Diputados”.

Por otra parte, el juez Gutiérrez Pérez fijó a García Cabeza de Vaca el pago de una garantía de 100 mil pesos y programó la audiencia incidental para el 7 de junio, cuando decidirá si concede la suspensión definitiva. Deberá resolver si cuando la FGR solicitó la orden de captura el juzgador que la otorgó lo hizo de manera correcta.

Lo anterior, porque Juan Luis González Alcántara, ministro de la SCJN, desechó una controversia constitucional en la que debía resolver si bastaba con la decisión del Congreso federal o se requería el acompañamiento del Congreso de Tamaulipas para el desafuero.

El gobernador tamaulipeco es acusado por la FGR de delincuencia organizada y lavado de dinero.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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