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Fideicomisos benefician a 60% del personal del PJF: Corte; trabajadores se van a paro nacional

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Ninguno de los fondos beneficia a los ministros, afirman el máximo tribunal del país y el Consejo de la Judicatura; empleados se van a paro nacional a partir de hoy y hasta el próximo martes.

Ninguno de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) beneficia a los ministros de la Suprema Corte en funciones o en retiro, afirmaron este miércoles el máximo tribunal del país y el Consejo de la Judicatura, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la desaparición de 13 de esos 14 instrumentos.

Sin embargo, esos fideicomisos sí benefician al personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla de este poder, aseguraron en un comunicado.

“Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el PJF están relacionado con los gastos de ministras y ministros. Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales”, señalaron.

Mencionaron que tan solo seis de los 13 fideicomisos eliminados con reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tienen por objeto cumplir de forma complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social (pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro).

“Las reglas de operación de los fideicomisos exigen a las y los trabajadores cumplir ciertos requisitos para acceder a los recursos para el pago de los derechos laborales tutelados, como, por ejemplo, la antigüedad”, mencionan.

Agregaron que en 2019 la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realizó dos auditorías específicas a los fideicomisos, pero en ninguna observó irregularidades en la constitución o administración de los fondos.

“El órgano fiscalizador verificó que los ingresos y rendimientos obtenidos se hubieran incorporado al patrimonio de las instituciones y que las erogaciones realizadas se encontraran debidamente justificadas y soportadas, derivado de lo cual únicamente emitió dos recomendaciones (no observaciones) que fueron solventadas en su totalidad, como lo acreditan los reportes enviados a la ASF”, argumentaron.

Trabajadores se van a paro nacional

La minuta aprobada ayer en la noche por mayoría simple en San Lázaro ya llegó al Senado, por lo que los partidos de oposición pidieron que antes de la discusión de la reforma se realice un parlamento abierto sobre el tema, que sea dictaminado en la Comisión de Justicia y que se reciban a los trabajadores del PJF.

Mientras esto sucede en el Poder Legislativo, trabajadores del PJF se volvieron a manifestar por tercer día consecutivo, pues enfatizan que la desaparición de los fideicomisos afectarán sus derechos laborales. Por ello, señalaron que se irán a un paro nacional que se mantendrá hasta el 24 de octubre.

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EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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