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México

Fija juez fianza de 7 mdp a 3 jornaleros de San Quintín

“La situación aquí aún está caliente y si vienen otra vez a provocar, el pueblo se va a levantar”, sostuvo Bonifacio Martínez Cruz, uno de los cinco voceros de los jornaleros, quien subrayó que hoy miércoles es el día clave para atender el conflicto y liberar a los detenidos, a tres días del enfrentamiento con policías estatales en la colonia Lomas de San Ramón de esta localidad, conocida como Triquis.

Los jornaleros de San Quintín esperan que durante la reunión que tendrán hoy, presidida por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, se defina una solución a sus demandas de mejores salarios, fijar como salario mínimo 200 pesos y condiciones laborales, y se evite con ello la agudización del conflicto, que podría derivar en medidas más radicales por parte de los trabajadores, según voceros.

Bonifacio Martínez comentó que será crucial el encuentro, al que dijo esperan que asista el gobernador Francisco Vega de la Madrid, para definir paralelamente la liberación inmediata de las personas que aún se encuentran detenidas desde el sábado pasado durante el enfrentamiento.

DETENIDOS

En esa comunidad fueron detenidos ocho adultos y tres menores, cuatro de los cuales no han sido liberados.

Fidel Sánchez, otro de los voceros, expuso que pretenden la liberación de sus cuatro compañeros a quienes les piden fianzas que suman 7 millones 500 mil pesos.

Esperan que además intervengan como interlocutores los senadores Angélica de la Peña, presidenta de la CDH, y Fidel Demédicis, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.

El ambiente es tenso

Habitantes del lugar realizan sus actividades con normalidad, en un escenario donde se observa la sede de la policía local destruida, al igual que vehículos que fueron incendiados en ese sitio y restos de llantas quemadas por algunas de las arterias de la colonia.

Al igual estaba una patrulla en la calle de Topolobambo, donde llegan niños, niñas, mujeres y hombres a ver y a fotografiar el vehículo blindado [Tiburón] de la Policía Estatal que fue abatido con piedras por las decenas de jornaleros que enfrentaron a policías la mañana del pasado sábado.

En un domicilio de esa misma calle, donde llegó personal de la CEDH, se observó una ventana rota de la cocina y dentro de ésta se encuentra en el piso un cartucho de bala de goma y los restos de una bomba de gas lacrimógeno, que según uno de los habitantes de ese lugar, fue lanzada por policías quienes irrumpieron en el lugar golpeando a sus familiares.

Personas reunidas pasadas las 18:00 horas en esquinas comentan los hechos del fin de semana en el que resultaron al menos 80 heridos de su bando.

Los vecinos sostienen que están molestos, pues argumentan que fueron los policías quienes llegaron a agredirlos. Esto lo sostuvo también Bonifacio Martínez, quien insistió que los policías estatales fueron los que comenzaron a agredir a la gente.

Provocan a trabajadores

 “Lo sucedido el sábado fue que los estatales llegaron desde las cinco de la mañana a provocar a los trabajadores y obligándolos para que fueran a trabajar, y lo único que dijeron los jornaleros fue que estaban en el paro laboral y que no podían ir a trabajar así es que por eso no los podían obligar”.

Luego de que los estatales subieron hasta las casas, se metieron a los domicilios y comenzaron a golpear a los jornaleros. Tiraron y quebraron puertas y al ver los vecinos de cerca lo que estaba pasando, dijeron que es “lógico porque la gente se debe defender”. El Universal

EL DATO

– En varios estados como Oaxaca y Guerrero habrá manifestaciones en solidaridad con sus similares de Baja

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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