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México

Fija juez fianza de 7 mdp a 3 jornaleros de San Quintín

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“La situación aquí aún está caliente y si vienen otra vez a provocar, el pueblo se va a levantar”, sostuvo Bonifacio Martínez Cruz, uno de los cinco voceros de los jornaleros, quien subrayó que hoy miércoles es el día clave para atender el conflicto y liberar a los detenidos, a tres días del enfrentamiento con policías estatales en la colonia Lomas de San Ramón de esta localidad, conocida como Triquis.

Los jornaleros de San Quintín esperan que durante la reunión que tendrán hoy, presidida por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, se defina una solución a sus demandas de mejores salarios, fijar como salario mínimo 200 pesos y condiciones laborales, y se evite con ello la agudización del conflicto, que podría derivar en medidas más radicales por parte de los trabajadores, según voceros.

Bonifacio Martínez comentó que será crucial el encuentro, al que dijo esperan que asista el gobernador Francisco Vega de la Madrid, para definir paralelamente la liberación inmediata de las personas que aún se encuentran detenidas desde el sábado pasado durante el enfrentamiento.

DETENIDOS

En esa comunidad fueron detenidos ocho adultos y tres menores, cuatro de los cuales no han sido liberados.

Fidel Sánchez, otro de los voceros, expuso que pretenden la liberación de sus cuatro compañeros a quienes les piden fianzas que suman 7 millones 500 mil pesos.

Esperan que además intervengan como interlocutores los senadores Angélica de la Peña, presidenta de la CDH, y Fidel Demédicis, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.

El ambiente es tenso

Habitantes del lugar realizan sus actividades con normalidad, en un escenario donde se observa la sede de la policía local destruida, al igual que vehículos que fueron incendiados en ese sitio y restos de llantas quemadas por algunas de las arterias de la colonia.

Al igual estaba una patrulla en la calle de Topolobambo, donde llegan niños, niñas, mujeres y hombres a ver y a fotografiar el vehículo blindado [Tiburón] de la Policía Estatal que fue abatido con piedras por las decenas de jornaleros que enfrentaron a policías la mañana del pasado sábado.

En un domicilio de esa misma calle, donde llegó personal de la CEDH, se observó una ventana rota de la cocina y dentro de ésta se encuentra en el piso un cartucho de bala de goma y los restos de una bomba de gas lacrimógeno, que según uno de los habitantes de ese lugar, fue lanzada por policías quienes irrumpieron en el lugar golpeando a sus familiares.

Personas reunidas pasadas las 18:00 horas en esquinas comentan los hechos del fin de semana en el que resultaron al menos 80 heridos de su bando.

Los vecinos sostienen que están molestos, pues argumentan que fueron los policías quienes llegaron a agredirlos. Esto lo sostuvo también Bonifacio Martínez, quien insistió que los policías estatales fueron los que comenzaron a agredir a la gente.

Provocan a trabajadores

 “Lo sucedido el sábado fue que los estatales llegaron desde las cinco de la mañana a provocar a los trabajadores y obligándolos para que fueran a trabajar, y lo único que dijeron los jornaleros fue que estaban en el paro laboral y que no podían ir a trabajar así es que por eso no los podían obligar”.

Luego de que los estatales subieron hasta las casas, se metieron a los domicilios y comenzaron a golpear a los jornaleros. Tiraron y quebraron puertas y al ver los vecinos de cerca lo que estaba pasando, dijeron que es “lógico porque la gente se debe defender”. El Universal

EL DATO

– En varios estados como Oaxaca y Guerrero habrá manifestaciones en solidaridad con sus similares de Baja

México

Sheinbaum condiciona acción contra Rocha Moya a pruebas de la FGR

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas “contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se procederá conforme a la ley en territorio mexicano. La mandataria señaló que la misma ruta aplicaría para los nueve funcionarios sinaloenses también señalados por autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que, en caso de no existir pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Indicó que corresponde a la FGR valorar la documentación recibida y, en su caso, determinar si existen elementos constitutivos de delito para actuar bajo jurisdicción mexicana. Reiteró que su gobierno mantendrá una postura de defensa de la soberanía nacional.

La presidenta aseguró que no se permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente al pueblo de México. Añadió que esa posición se basa en la búsqueda de verdad, justicia y respeto a la soberanía.

También confirmó que el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Esos expedientes fueron turnados a la FGR para su análisis conforme a la legislación nacional.

Sin embargo, señaló que un día después el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el retiro de cargos contra esos mismos 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.

Sheinbaum cuestionó la difusión del documento denominado “Acusación de reemplazo bajo reserva”, al señalar que ese tipo de procedimientos son confidenciales de acuerdo con los tratados aplicables. Explicó que, por ello, el área jurídica de la Cancillería expresó un extrañamiento formal.

La mandataria recordó que la FGR informó previamente que revisará la documentación recibida para determinar si existen datos probatorios suficientes y resolver sobre la viabilidad de las solicitudes. Además, iniciará una investigación para recabar información y verificar si hay bases legales para solicitar órdenes de aprehensión.

Un día antes, autoridades estadounidenses presentaron cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen narcotráfico, armas y presunta protección a integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos”. Hasta el cierre de esta edición, la FGR mantenía en análisis la documentación recibida.

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