México
Fija juez fianza de 7 mdp a 3 jornaleros de San Quintín
“La situación aquí aún está caliente y si vienen otra vez a provocar, el pueblo se va a levantar”, sostuvo Bonifacio Martínez Cruz, uno de los cinco voceros de los jornaleros, quien subrayó que hoy miércoles es el día clave para atender el conflicto y liberar a los detenidos, a tres días del enfrentamiento con policías estatales en la colonia Lomas de San Ramón de esta localidad, conocida como Triquis.
Los jornaleros de San Quintín esperan que durante la reunión que tendrán hoy, presidida por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, se defina una solución a sus demandas de mejores salarios, fijar como salario mínimo 200 pesos y condiciones laborales, y se evite con ello la agudización del conflicto, que podría derivar en medidas más radicales por parte de los trabajadores, según voceros.
Bonifacio Martínez comentó que será crucial el encuentro, al que dijo esperan que asista el gobernador Francisco Vega de la Madrid, para definir paralelamente la liberación inmediata de las personas que aún se encuentran detenidas desde el sábado pasado durante el enfrentamiento.
DETENIDOS
En esa comunidad fueron detenidos ocho adultos y tres menores, cuatro de los cuales no han sido liberados.
Fidel Sánchez, otro de los voceros, expuso que pretenden la liberación de sus cuatro compañeros a quienes les piden fianzas que suman 7 millones 500 mil pesos.
Esperan que además intervengan como interlocutores los senadores Angélica de la Peña, presidenta de la CDH, y Fidel Demédicis, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.
El ambiente es tenso
Habitantes del lugar realizan sus actividades con normalidad, en un escenario donde se observa la sede de la policía local destruida, al igual que vehículos que fueron incendiados en ese sitio y restos de llantas quemadas por algunas de las arterias de la colonia.
Al igual estaba una patrulla en la calle de Topolobambo, donde llegan niños, niñas, mujeres y hombres a ver y a fotografiar el vehículo blindado [Tiburón] de la Policía Estatal que fue abatido con piedras por las decenas de jornaleros que enfrentaron a policías la mañana del pasado sábado.
En un domicilio de esa misma calle, donde llegó personal de la CEDH, se observó una ventana rota de la cocina y dentro de ésta se encuentra en el piso un cartucho de bala de goma y los restos de una bomba de gas lacrimógeno, que según uno de los habitantes de ese lugar, fue lanzada por policías quienes irrumpieron en el lugar golpeando a sus familiares.
Personas reunidas pasadas las 18:00 horas en esquinas comentan los hechos del fin de semana en el que resultaron al menos 80 heridos de su bando.
Los vecinos sostienen que están molestos, pues argumentan que fueron los policías quienes llegaron a agredirlos. Esto lo sostuvo también Bonifacio Martínez, quien insistió que los policías estatales fueron los que comenzaron a agredir a la gente.
Provocan a trabajadores
“Lo sucedido el sábado fue que los estatales llegaron desde las cinco de la mañana a provocar a los trabajadores y obligándolos para que fueran a trabajar, y lo único que dijeron los jornaleros fue que estaban en el paro laboral y que no podían ir a trabajar así es que por eso no los podían obligar”.
Luego de que los estatales subieron hasta las casas, se metieron a los domicilios y comenzaron a golpear a los jornaleros. Tiraron y quebraron puertas y al ver los vecinos de cerca lo que estaba pasando, dijeron que es “lógico porque la gente se debe defender”. El Universal
EL DATO
– En varios estados como Oaxaca y Guerrero habrá manifestaciones en solidaridad con sus similares de Baja
México
Sheinbaum descarta pruebas contra Maru Campos en caso Jáuregui
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República no posee pruebas que involucren directamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, en el caso relacionado con el exfiscal César Jáuregui Moreno. La declaración se dio durante una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta del periodista Manuel Pedrero sobre la posible implicación de la gobernadora en las investigaciones que surgieron tras el operativo realizado en El Pinal y la posterior detención de Jáuregui.
Sheinbaum recordó que la primera imputación contra Jáuregui fue solicitada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que pidió una orden de aprehensión por delitos del fuero común relacionados con el operativo. “No tienen, hasta donde yo sé, y si no que lo aclare la fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora”, indicó la mandataria.
La presidenta subrayó que corresponde a las fiscalías aclarar el alcance de las investigaciones y determinar responsabilidades, especialmente en relación con los señalamientos sobre la participación de personas extranjeras en el operativo de abril. Además, mencionó que la Fiscalía General de la República abrió una causa federal contra Jáuregui por hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria, vinculados a la presunta intervención de extranjeros sin autorización en territorio nacional.
Sheinbaum evitó adelantar responsabilidades adicionales y reiteró que son las autoridades ministeriales las encargadas de presentar los elementos que sustenten cada acusación. Sin embargo, reveló que existen otras investigaciones abiertas contra el exfiscal por asuntos distintos al caso de El Pinal, aunque no proporcionó detalles sobre los posibles delitos investigados.
“Lo que sí sé es que siguen las investigaciones sobre otros temas relacionados con el fiscal o el exfiscal que hoy está detenido”, afirmó. Ante la pregunta de si estas nuevas indagatorias también correspondían al delito de traición a la patria, Sheinbaum aclaró que se trata de otros posibles delitos, pero no pudo revelar información adicional, señalando que corresponde a la Fiscalía hacerlo cuando legalmente proceda.
El posicionamiento de la presidenta se produce en un contexto en el que Jáuregui enfrenta procedimientos distintos en los fueros estatal y federal. Las investigaciones y acusaciones abiertas no implican por sí mismas una declaración de culpabilidad, por lo que su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.
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