A cada duartito le llega su fiestecita. El ex gobernador ya es formalmente un prófugo federal, luego de montones de pruebas en su contra, investigaciones y presión política y sobre todo ciudadana. Esta última fue la más decisiva, y ha sido recogida por el actual gobierno, que ha hecho del combate a la corrupción su bandera. Esperemos que en el futuro sea tan estricto hacia dentro como hacia fuera.
No fue la Procuraduría General de la República directamente la que solicitó la detención de Duarte, sino su brazo político, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la que solicitó a un juez la ansiada orden de aprehensión.
No fue el descarado saqueo llevado a cabo a través de la Unión Progreso, con la que el ex mandatario esperaba subir a banquero y denunciado desde 2014 el que motivó esta orden, sino el financiamiento ilegal mediante descuentos de nómina a empleados para entregar hasta 79 millones de pesos (se han acreditado 14 millones) al PRI, un acto prohibidísimo y plenamente acreditado. Ni cómo salvarlo.
La orden de aprehensión estatal tenía peso sólo si Duarte pisaba Chihuahua. En este caso ya hay más carnita para pescarlo en donde se encuentre, incluso en EU, a donde huyó apenas terminó su mandato. Ahora sí podría ser extraditado, o pescado en cualquier movimiento pues también hay una ficha roja de la Interpol en su contra.
Por fin cayó Jaime Herrera, señalado como el cerebro y principal operador de la trama de corrupción, al grado que administraba los negocios públicos del gobierno como Secretario de Hacienda, y a la vez manejaba los negocios privados del ex mandatario como director de la mencionada unión de crédito. También fueron vinculados a proceso Jesús Olivas Arzate, exdirector de Egresos; Ángel Mezquitic Aguirre, exjefe de Programación y Control de Pagos, y al exdirector de Finanzas del PRI de Chihuahua, Pedro Mauli.
Hasta 15 años podrían pasar en prisión por estos hechos, más los que les junten, pues hay muchas carpetas aún abiertas y por abrir. Si bien esta orden de aprehensión es por fin una federal, al menos parte del mérito es estatal pues fue la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua la que realizó buena parte de la investigación y aportó las pruebas.
Si a Jaime Herrera le prometieron protección a cambio de hundir a Duarte, le cumplieron, pues el estado no actuó contra él, fue la federación. Ahora la oferta a todos estos peces, pequeños y medianos, es aportar toda la información posible para que caiga el mero pez gordo, el ex gobernador, quien cada vez pinta más para seguir el destino de sus homólogos Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo detenido en Panamá, y Javier Duarte, quien cayó en Guatemala.
Aún no pisan la prisión, y esto podría ser una de las bondades de cooperar con la autoridad. El juez, en vista de que se han portado bien, no dictó medidas cautelares y por tanto podrán llevar el proceso en libertad, con el riesgo de que se escapen.
Ahora la mira está sobre el Poder Judicial. Ayer el gobernador Javier Corral se reunió con miembros de la judicatura con el fin de apapacharlos y asegurarles que habrá una lanita para mejorar sus condiciones de trabajo, así como buena relación, e incluso los invitó a echarle un ojo a la construcción de la Ciudad Judicial de Chihuahua, la cual está mal hecha, a medias, endeudada y con 400 millones de pesos que no se sabe dónde quedaron. Los señalamientos van para Armando y Everardo Medina, entre otros.
No asistieron los 27 magistrados, sólo los cinco que integran la judicatura, a quienes les prometió (ríase) que su legado será un poder judicial independiente y fuerte, a la altura de los desafíos de justicia que enfrenta Chihuahua. A Corral se le acusa de autoritario, pero si respetara irrestrictamente la división de poderes ya se lo hubieran comido. El poder es para poder, y así será por mucho tiempo.
En el Cobach la sangre llegó al río. El autoritarismo, sectarismo e ineptitud de la directora Teresa Ortuño, sumado a los intereses y fobias partidistas que se pelea con el sindicato de esa institución la ha llevado a una crisis y cada día crecen más las voces que hablan de su inminente salida, aunque nada está confirmado.
Ortuño se ha dedicado a mentir, minimizar y no a resolver los problemas. Esto ha molestado no sólo a docentes y administrativos, sino a sus jefes, el gobernador Javier Corral y el secretario de Educación, Pablo Cuarón, a quienes siempre les dice que todo chido, que no hay problema, mientras la olla está que revienta.
Política facebuquera de aquí no pasa nada es lo que ha desplegado la directora. Sube notas periodísticas donde destaca que su partido avala su función, cuando son los trabajadores y alumnos quienes deben hacerlo, no el PAN. Se dio vuelo desmintiendo la patética y mediocre nota que la acusaba falsamente de pedir pipas de agua para su casa, pero del conflicto en su trabajo no dice nada más que vivas y un entusiasmo patológico.
Joel Gallegos tuvo que entrar al quite y reunirse con los líderes del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de los Colegios de Bachilleres (Staacobach), con los cuales alcanzó una tregua a pesar de no entregar la «cabeza» de Ortuño.
El acuerdo fue analizar la destitución de Ortuño a cambio de seguir laborando sin broncas hasta el viernes a las 10 de la mañana, aunque continuarán acciones de protesta como playeras y mantas rojas en eventos y graduaciones, así como la posibilidad de un paro laboral total e indefinido para agosto. Una muestra de esta ligereza para prometer de Ortuño es el boletín en el que se anunció disminución de costos en el uniforme, por ejemplo, el cual valdría mil pesos, pero ahora salen con que siempre si serán mil 200. En total los padres deberán pagar 3,666 pesos si quieren ver estudiar a sus hijos.