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Fiscal debe comparecer por aumento de inseguridad en Chihuahua: Diputada Isela Torres

Debido al aumento de los índices de inseguridad en el estado de Chihuahua, es que la Diputada del Partido Revolucionario Institucional, María Isela Torres Hernández, llamó al Fiscal General del Estado César Augusto Peniche a comparecer ante el Congreso del Estado e informar sobres las acciones o planes de acción que tenga previstos en cuanto la ola de violencia

“Mientras que la violencia vaya en incremento, el desarrollo económico y social del Estado se inmoviliza. A la par de la pérdida de la paz social, se pierde también inversiones, empleos, negocios y se forjan un sin número de situaciones que van en detrimento de la vida escolar, la movilidad urbana y hasta de la convivencia colectiva” expuso la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI.

Abundó en que cada municipio que integra el Estado de Chihuahua ansía un momento de tranquilidad, una campaña de seguridad pública efectiva que dote de paz comunitaria a cada uno de los sectores que integran esta sociedad que necesariamente requiere de un desarrollo en su vida laboral, educativa, cultural y recreativa.

“El panorama vigente en los municipios del Estado amenaza con un disparo peligroso en las ejecuciones, asaltos y otros delitos de impacto social que ocupan los titulares de los medios de comunicación, generando un ambiente de temor y estrés para los ciudadanos, así como una presunción de impunidad ante los delincuentes que cuyos nombres desconocidos no son de interés para la recurrente administración que se encuentra enfocada en fincar responsabilidades a enemigos políticos en vez de encontrar a los agresores de mujeres, homicidas y narcotraficantes que siembran el pánico en nuestros días” continuó en el pleno.

La solicitud hecha por la Diputada Torres Hernández, se sustenta en la Constitución local que dota de facultades al Congreso del Estado para citar a comparecer ante el Pleno a los titulares de las Secretarías de Estado, a los directores de las entidades paraestatales y a quien ostente la representación de los Órganos Constitucionales Autónomos, en caso de requerir su presencia para tratar asuntos de relevancia y trascendencia para el estado.

“Mientras que la violencia vaya en incremento, el desarrollo económico y social del Estado se inmoviliza. A la par de la pérdida de la paz social, se pierde también inversiones, empleos, negocios y se forjan un sin número de situaciones que van en detrimento de la vida escolar, la movilidad urbana y hasta de la convivencia colectiva” puntualizó María Isela Torres Hernández.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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