Conecta con nosotros

Resto del mundo

Fiscal de California demanda a Trump por cuestionario del Censo 2020

El fiscal de California, Xavier Becerra, demandó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por agregar en el cuestionario del Censo 2020 una pregunta sobre el estatus de ciudadanía que considera es «inconstitucional» y que puede intimidar a los inmigrantes a no responder la encuesta.

Becerra presentó la demanda tan pronto el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó el cambio, este lunes a altas horas de la noche.
Becerra y una coalición de una veintena de fiscales estatales habían advertido en febrero pasado al secretario de Comercio, Wilbur Ross, que «una pregunta sobre ciudadanía violaría la Constitución de Estados Unidos y los estatutos federales».

«Agregar una pregunta de ciudadanía en esta fecha tardía socavaría fatalmente precisión del Censo 2020, perjudicando a los estados y a nuestros residentes», expresaron en la misiva.

De igual forma, senadores demócratas consideraron la semana pasada que ello reduciría «la participación entre los hogares inmigrantes» en el censo previsto para el 2020.

En ese sentido presentaron la semana pasada la «Ley de Todas las Personas Cuentan de 2018» en la Cámara Alta de Estados Unidos para evitarlo.

«El censo federal no es una herramienta para satisfacer a la base electoral del presidente», enfatizó en ese momento el senador Bob Menéndez.

Becerra y el secretario de Estado estatal Alex Padilla tienen previsto anunciar este martes más detalles de la decisión.

El fiscal de California criticó los argumentos de la Oficina del Censo de que la nueva adición «ayudaría a hacer cumplir la Ley de Derecho al Voto».

Becerra y el secretario estatal Alex Padilla publicaron hoy un artículo de opinión en el diario San Francisco Chronicle destacando cuán alto es lo que está en juego para California.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto