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México

Fiscal llama a todas las víctimas de la Línea 12 a firmar el acuerdo con Slim

Como “históricos y sin precedentes”, calificó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, los acuerdos reparatorios que la empresa Carso Infraestructura y Construcción S.A. (CICSA), propiedad del magnate Carlos Slim, ya logró con 80 por ciento de las víctimas del colapso en la Línea 12 del Metro ocurrido hace nueve meses y llamó al 20 por ciento restante a firmar el documento.

Sin mencionar que la constructora del tramo metálico elevado que colapsó niega responsabilidad alguna en el hecho, la funcionaria reconoció su “voluntad expresa” de ofrecerse a atender los daños a las víctimas y a reparar la línea para que vuelva a operar este 2022.

El pasado lunes 31, en exclusiva, Proceso adelantó el contenido del Acuerdo Reparatorio que CICSA ofreció a las víctimas y que contempla la entrega de cheques del Banco Inbursa -de Grupo Carso- por 6 y 4.5 millones de pesos por reparación integral del daño, a cada una de las familias de las 26 personas fallecidas y a las decenas de víctimas con lesiones graves, a cambio de no demandar, por ninguna vía y en ningún momento, a la compañía propiedad del hombre más acaudalado de México.

En un mensaje a medios en el que no se permitieron preguntas de la prensa, Godoy Ramos destacó este miércoles que esos acuerdos reparatorios “son históricos y sin precedentes, dada la temporalidad, alcances y sensibilidad para las partes”.

Acompañada del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, (CEAVI), Armando Ocampo, aseguró que “no existen antecedentes, tanto a nivel nacional e internacional que en un evento de esta magnitud haya habido la intención de las partes en tan poco tiempo para atender integralmente a las víctimas y a sus familiares para que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana”.

La exlegisladora afirmó que lograr la firma de dichos acuerdos con el 80% de las víctimas y sus familias, representa “un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada”. Hace dos semanas, en su segundo informe de actividades, la titular de la FGJCDMX anunció que ya se había alcanzado dicho porcentaje de firmas.

Según dijo, dichos acuerdos se realizaron “con base en los lineamientos que rigen el procedimiento penal en México”, además de que son “planteamientos objetivos y apegados a la ley, así como al debido proceso, para lograr la protección de los derechos de las víctimas y ofendidos de manera integral”, luego de la tragedia.

Cabe recordar que, varias de las víctimas que no han firmado el acuerdo -el 20% restante- son las que están representadas, al menos, por dos despachos legales privados, cuyos abogados insisten en denunciar a la empresa constructora por las vías penal, civil y administrativa.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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