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Fiscal pide 20 años de prisión para los hijos de anciana que murió de hambre en Tenerife

Published

hace 9 años

Mar 8, 2017

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El fiscal de Violencia de Género adscrito a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui, ha solicitado 20 años de prisión para los dos hijos y la nuera de la anciana que murió de inanición en su domicilio del barrio de Los Gladiolos en Santa Cruz de Tenerife. La víctima, Ana Delia Arceo Méndez, de 76 años, pesaba 25 kilos cuando falleció. Los familiares, que estaban desempleados y dependían de la pensión de la víctima, según el fiscal, están acusados por un homicidio agravado
El personal de los servicios sanitarios encontró en agosto de 2015 a la anciana fallecida en la habitación de su vivienda. La casa presentaba un «total estado de abandono con cúmulo de suciedad e incluso heces», según el escrito de la fiscalía al que ha tenido acceso la Cadena SER.
La víctima murió por un fallo multiorgánico por un estado prolongado de abandono, ya que carecía de «cuidados higiénicos sanitarios y sufría malnutrición». El fiscal considera los familiares dependían económicamente de la pensión de 636 euros mensuales por viudedad de la fallecida y que, a pesar de ello, no le prestaban los cuidados mínimos.
La anciana fue diagnosticada en 2010 de osteoporosis, incontinencia urinaria y dependencia a las benzodiacepinas. A pesar de padecer estas dolencias, solo acudió al centro de salud dos veces en tres años. Según la fiscalía, los hijos acudían a la vivienda cada dos o tres días y ni la alimentaban ni la movían de la cama, a pesar de que la fallecida disponía de silla de ruedas en el domicilio. La falta de atención derivó en un deterioro físico y mental que en poco tiempo le provocó úlceras de cúbito, anquilosis y demencia.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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hace 3 semanas

Feb 20, 2026

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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